La Escuela Católica valora el espíritu conciliador de Gabilondo

Aunque critica la modificación de los conciertos prevista en el Pacto Educativo

Ángel Gabilondo, ministro de Educación

Ángel Gabilondo, ministro de Educación

(Miguel Ángel Malavia) Tras la presentación a la Conferencia Sectorial de las Propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación por parte del Ministerio de Educación, las organizaciones católicas inmersas en el ámbito educativo han respondido agradeciendo el talante conciliador del ministro Ángel Gabilondo y mostrando su predisposición al acuerdo, aunque insistiendo en una serie de reivindicaciones que consideran básicas. Así, el 28 de enero, con respectivos comunicados, mostraron su particular posicionamiento tanto Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) como Concapa.

J. A. Ojeda, secretario general de FERE-CECA

J. A. Ojeda, secretario general de FERE-CECA

La primera, en su nota, destacó que “el borrador del Pacto Educativo contiene aspectos positivos”, para, a continuación, recordar que “todavía hace falta mucho diálogo” e insistir en la necesidad de abordar “algunas cuestiones de vital importancia”, y que aún no estarían incluidas en ese primer texto.

Para Escuelas Católicas, una de las primeras urgencias es que realmente se considere a la educación “como un servicio público y social”, tal y como aparece en el propio preámbulo de la LOE. Para lo cual, a su juicio, sería básico “conseguir una igualdad real de recursos entre los centros de las dos redes educativas, la pública y la concertada”. El comunicado incide en que el proyecto ministerial cae en la “idea errónea de que los principales problemas del sistema parten de que los centros sostenidos con fondos públicos no prestan el servicio público en igualdad”. Y es que el borrador del Ministerio especifica que, por este motivo, se hace “necesario analizar los procesos de escolarización y la regulación de los conciertos para asegurar una educación equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales (…) entre todos los centros públicos y concertados”.

Precariedad de medios

En este sentido, Escuelas Católicas niega la mayor y reivindica que todos sus centros “vienen atendiendo a los alumnos con necesidades específicas y acogiendo inmigrantes pese a la precariedad de los medios con los que cuenta”. De ahí que, puesto que su “deseo y misión es seguir trabajando en este ámbito”, considere que “para poder hacerlo adecuadamente es necesario contar con los recursos apropiados”.

Un balance similar fue el extraído por Concapa en su nota, que comenzaba reconociendo “el esfuerzo” del ministro Gabilondo por propiciar un acuerdo: “Así lo demuestra la iniciativa de que las leyes educativas sean aprobadas por dos tercios del Congreso, pese a que la actuación del presidente Zapatero, denegando la LOCE, no constituye ningún ejemplo de lealtad constitucional”. Para, luego, insistir en que “deben abordarse los conciertos educativos para que estos no queden al arbitrio de las administraciones públicas competentes”. En este sentido, demandaba el esfuerzo “para promover una educación en calidad y de respeto con el derecho que ampara a los padres a elegir centro, conforme a su ideología y principios”. Así, una propuesta concreta era la de convertir en gratuito el Bachillerato y la FP también en la concertada.

Días atrás, el 2 de febrero, Concapa publicó otro comunicado criticando unas manifestaciones de Gabilondo en las que éste manifestaba que “la concertada es subsidiaria de la pública, pues se trata de un encargo público”. “Más del 90% de los discapacitados están en la escuela pública”, concluía el ministro, en un dato con el que Concapa se mostraba “en desacuerdo absoluto”.

 

RELIGIÓN Y CIUDADANÍA

Tras el primer análisis del proyecto presentado por el Ministerio de Educación para la consecución de un Pacto de Estado por la Educación, uno de los aspectos que mayor inquietud despertó en las organizaciones educativas católicas fue el de la formación en valores. Así, Escuelas Católicas solicitó que se aclare el punto de dicho texto que hace referencia a la intención de “garantizar la educación en los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada”, puesto que “el Estado no puede tratar de imponer valores que no estén comúnmente aceptados”. Del mismo modo que, concluía Escuelas Católicas, resulta “llamativo que no se cite la modificación de contenidos de Educación para la Ciudadanía ni se aluda a la enseñanza de la Religión”. Concapa también denunció que “la conflictiva asignatura de Educación para la Ciudadanía no se menciona en el documento, cuando es urgente repasar sus contenidos para vaciarlos de su fuerte carga ideológica
y adoctrinadora”.

En el nº 2.694 de Vida Nueva.

Actualizado
05/02/2010
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