La Iglesia defiende el derecho de los sin papeles a empadronarse

En respuesta a la polémica de Vic, recuerda que los inmigrantes irregulares tienen derechos fundamentales

Sesión en el Ayuntamiento de Vic en la que se adoptó la polémica decisión de no empadronar a sin papeles

Sesión en el Ayuntamiento de Vic en la que se adoptó la polémica decisión de no empadronar a sin papeles

(José Carlos Rodríguez Soto) ¿Ha dicho algo la Iglesia a propósito de la reciente polémica suscitada por la negativa del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) a empadronar a los inmigrantes sin papeles? La respuesta es un claro “sí”, y desde muchos frentes. Otros temas, como las críticas a la nueva Ley del Aborto o la polvareda levantada en torno a declaraciones más o menos polémicas por parte de algunos obispos, han ensombrecido los pronunciamientos a favor de los inmigrantes. “La Iglesia tiene como principio que las personas están por encima de su situación jurídica”, dijo el obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, a Vida Nueva, subrayando que “las leyes dan derecho al empadronamiento y no pueden estar supeditadas a la interpretación personal de un funcionario, ni mucho menos a lo que se perciba como opinión de una determinada población, lo cual sería un gravísimo peligro”. El también presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE no se mordió tampoco la lengua al explicar esta posición en el programa La Mañana de la COPE, el pasado 19 de enero. En ella se hizo también eco de un comunicado de la Cáritas Diocesana de Vic, publicado el 13 del mismo mes.

En este manifiesto, se lamenta lo que se considera “un olvido importante”. Para Cáritas Vic, “en el centro del hecho está el futuro de personas pobres y necesitadas, a menudo sin trabajo, sin recursos y sin protección”. Se añade que, “desde Cáritas no podemos mirar nunca si tienen papeles o no, porque no sería una mirada cristiana y no pondría en el centro la persona y su necesidad”.

Cáritas Vic fue también la primera entidad que puso su firma a un mensaje conjunto con varias ONG y sindicatos en el que se pedía “la retirada inmediata de los criterios de empadronamiento anunciados, porque son ilegales y gravemente discriminatorios”. En él se reclamaba “que se deje de criminalizar a las personas sólo por su origen, condición social o situación administrativa”. También un comunicado del Área de Justicia y Solidaridad de la CONFER denunciaba que “el endurecimiento de las sanciones a prácticas de hospitalidad –como ofrecer la posibilidad de empadronamiento–, además de privar del más mínimo apoyo social a las personas más vulnerables, deshace los vínculos humanos y ayuda a instalar en nuestras conciencias la idea de que es mejor no ‘pringarse’ por el otro en necesidad”.

En realidad, desde varios organismos de la Iglesia española ya se alertó durante el año pasado (y Vida Nueva se hizo eco en reiteradas ocasiones) de que la nueva reforma de la Ley de Extranjería (aprobada a finales de noviembre de 2009) dificultaría el acceso a la inscripción en el padrón de los inmigrantes en situación irregular. El mismo mensaje de los obispos para la Jornada Mundial del Emigrante, celebrada el 17 de enero, advertía de “las dificultades de acceso al padrón municipal” y lamentaba “las sanciones difícilmente soportables por quienes, en un claro deber fraterno, faciliten la inscripción en el mismo, ejerciendo el deber cristiano de la acogida”.

Críticas a la Ley de Extranjería

En este mensaje, cuya aparición coincidió con el polémico anuncio de Vic, los obispos españoles citaban la encíclica Caritas in veritatis de Benedicto XVI: “Los emigrantes no pueden ser considerados como una mercancía o una mera fuerza laboral. Todo emigrante es una persona humana y, en cuanto tal, posee derechos fundamentales que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”.

Un mes antes de este mensaje, en la declaración Ante la crisis moral y económica, publicado el pasado 27 de noviembre, los obispos vertían críticas muy duras a la recién aprobada Ley de Extranjería, de la que dijeron que “restringe derechos que afectan decisivamente a la dignidad de los emigrantes como personas”.

En declaraciones a Vida Nueva, José Luis Pinilla, secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones, afirmó que “hay que recoger como principio que los extranjeros en situación irregular que viven en un municipio tienen derechos fundamentales recogidos en las leyes”. Aunque quizás lo más curioso de hechos como los ocurridos en Vic (y también en otros municipios, como el de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, que desde hace años no empadrona a quien sólo tenga un visado de turista), se descubre con una simple mirada al pasado. “Hace no mucho había ayuntamientos que disputaban por empadronar extranjeros para llegar a un número determinado de población y, así, obtener una determinada calificación y, en consecuencia, ayudas económicas”, señala José Luis Pinilla. Así funcionan las cosas cuando, como señala el Papa, se mira a la persona “como una mera mercancía”.

jcrsoto@vidanueva.es

En el nº 2.692 de Vida Nueva.

Actualizado
22/01/2010
Compartir