La Comisión de Pastoral Educativa apela a los derechos familiares frente a una ley que califica de “inviable”
(J. L. Celada) La Comisión de Pastoral Educativa de la Conferencia Episcopal de Guatemala ha manifestado su “profunda preocupación” ante el denominado Reglamento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de servicios de planificación familiar y de su integración en el programa de salud reproductiva, aprobado recientemente por el Congreso de la República, y ha lanzado un llamamiento “a la conciencia de los padres de familia y de los educadores y educadoras de todos los niveles de la sociedad guatemalteca” para que reparen en “la inviabilidad” de una legislación que se sustenta en el “analfabetismo humanístico y pedagógico”.
En un comunicado hecho público el pasado día 5, los obispos denuncian los “defectos” que, desde el punto de vista “legal” y “pedagógico integral”, presenta el citado Reglamento. En el primer caso, advierten “irregularidades conceptuales”, al no definir palabras básicas (género, poblaciones postergadas, barreras médicas) para su correcta comprensión. Asimismo, apuntan “inconstitucionalidades evidentes”: contra el artículo 71 de la Constitución, “que garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente (de los centros educativos)”; y contra el artículo 73, “que garantiza el derecho de los padres de escoger la educación que ha de impartirse a sus hijos”, al impedirles oponerse al tipo de “educación sexual” que estipula el Reglamento. Tampoco faltan, a su juicio, “ilegalidades de procedimiento”, al no indicar “quién dispone y cómo se promueven y proveen”, en lo que se refiere a “los productos de la llamada Planificación Familiar”, lo que la nueva reglamentación engloba bajo el epígrafe de “otras entidades públicas y privadas del sector salud”.
En cuanto a las fallas que, desde el punto de vista “pedagógico integral”, preocupan a los pastores, el texto critica que “no se menciona adecuadamente la abstención de actividad sexual y el retraso de la misma en niños y adolescentes”, y lamenta que “el enfoque de los temas no respeta la evolución psicopedagógica de los niños y adolescentes en el tema afectivo sexual, que no es puramente fisiológico sino relacional”.
Por todo ello, y por tantos “defectos de orden jurídico, médico y, sobre todo, pedagógico que confluyen en el aula”, los firmantes (el cardenal Rodolfo Quezada Toruño y el presidente de la citada Comisión episcopal y obispo de Escuintla, Víctor Hugo Palma Paúl) invitan a sus compatriotas a reflexionar sobre una legislación que desprecia “los legítimos derechos familiares al acceso de conocimiento y decisión de los padres de familia –parte fundamental de la comunidad educativa– sobre los contenidos de la educación de sus hijos e hijas”. Porque una educación así, doblegada a “la presión desinformativa y parcial de grupos interesados”, en el fondo, está atentando “contra la vida y la dignidad de la persona humana, hoy lastimosamente, en el debilitado campo de la Educación Nacional de la niñez y de la juventud”, concluyen los prelados.
En el nº 2.683 de Vida Nueva.
