(Miguel Ángel Malavia) El pasado 17 de octubre tuvo lugar en Madrid la manifestación que, convocada por 42 colectivos –varios de ellos cristianos–, pidió al Gobierno la marcha atrás en la reforma de la Ley del Aborto, ahora pendiente de su tramitación parlamentaria. Más allá de la habitual guerra de cifras –los organizadores hablaban de dos millones de personas y fuentes policiales rebajaban el dato a 250.000, aunque la agencia EFE cuantificó 55.316–, la concentración fue multitudinaria, llenando cientos de miles de ciudadanos el trazado designado.
Muy destacable resultó el ambiente pacífico, festivo y familiar, alejado de cualquier modo de tensión. Sin la presencia de un solo obispo –aspecto éste muy comentado en diferentes medios, que incidieron en el carácter cívico y no puramente eclesial de la protesta–, la mayoría de los presentes venían movilizados desde sus respectivas diócesis, abarcando todo el mapa nacional, aunque también había delegaciones de 45 países. Esta movilización “diocesana” contrastó con la menor significación de movimientos y comunidades eclesiales, mucho más protagonistas en precedentes y similares citas, como las dos últimas Misas por la Familia que han tenido lugar en Madrid.
También fue notable la presencia de colegios e institutos católicos, así como de familias. Una de las escenas más repetidas era la que representaba a padres acompañados de sus hijos pequeños, muchos de ellos en cochecitos de bebé. Igualmente llamativo fue el gran número de adolescentes, especialmente chicas. Aspecto muy a tener en cuenta, pues la nueva legislación, en uno de los puntos que más controversia ha levantado, les otorgaría la potestad de elección sobre si abortar o no a partir de los 16 años y sin consultar a sus progenitores.
Presencia política
A nivel político, pese a la polémica suscitada por la presencia de dirigentes del Partido Popular, ésta no tuvo un papel excesivamente destacado. Más allá de la representación, a título individual, de unos 50 miembros del PP –entre los que figuraron el ex presidente del Gobierno, José María Aznar; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la secretaria general, Mª Dolores de Cospedal; o el ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ausentándose el presidente del partido, Mariano Rajoy, quien dijo que no quería “instrumentalizar la manifestación”–, la ‘Marcha por la Vida’ careció de un definido sesgo político. Así, entre la diversidad, se mostraron como muy organizados los representantes del Movimiento Cultural Cristiano y el partido SAIN, cuyas consignas de “rechazamos el aborto porque somos de izquierdas”, fueron expuestas con absoluta normalidad.
En los lemas de las pancartas, pese a que en la mayoría no había consignas políticas, sino que reivindicaban “en positivo” una acción “por la vida”, las “culpas” se repartían casi por igual entre el PSOE y el PP, acusando a los socialistas de impulsar las dos grandes legislaciones abortistas de la democracia, y tachando de “hipócritas” a los populares por no modificar nada mientras estuvieron en el poder. Y es que, fuera o no la intención del conjunto de los 42 organismos convocantes, la inmensa mayoría de los que acudieron a la manifestación no lo hicieron sólo para protestar contra la reforma de la Ley del Aborto, sino contra éste en general y globalmente, proponiendo también la retirada de la legislación vigente.
Las reacciones políticas a la manifestación no se hicieron esperar. Al día siguiente, Rajoy la calificó de “éxito” y pidió al Gobierno que “escuche a la gente y retire una ley que sólo sirve para dividir a la sociedad”. El presidente del Congreso, José Bono, católico confeso, pidió que se alcanzara “un gran acuerdo”, nacido del “máximo consenso posible”, de cara a la aprobación de la reforma legislativa en un tema, como el aborto, “que afecta desde el punto de vista social, traspasando las ideologías de los partidos”.
En el otro polo se sitúan dirigentes socialistas, como el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien tildó la manifestación de “campaña” a cargo de “la derecha más rancia y retrógrada”, que pretendería “llevar a la cárcel” a las mujeres que aborten. Argumento similar al que empleó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien apeló a la “responsabilidad” del Gobierno para seguir adelante con una medida por la que “ninguna mujer pueda ir a la cárcel por tomar una decisión tan complicada”. “Nadie tiene el monopolio de la moral”, concluyó.
Duras críticas
El ministro de Fomento, José Blanco, cargó duramente contra el PP por su “hipocresía y desfachatez”: “Sólo le preocupa el aborto cuando gobierna la izquierda. Con Aznar no derogaron la ley actual, que es más permisiva y con menos garantías”. Cospedal ofreció su versión: “No se enteran de que el PP está en contra de esta reforma y que defiende la actual, que tiene gran consenso social”. Argumento éste con el que no estaban de acuerdo buena parte de los manifestantes…
El único que dio un paso más, en referencia a la no derogación de la Ley del Aborto de 1985 durante los años del Gobierno Aznar, fue Mayor Oreja, quien asumió su cuota de “responsabilidad” como ministro que era: “Estamos ante algo más grave ahora, pero sí hubo situaciones sangrantes y no había que haber mirado para otro lado”. Esa autocrítica no fue seguida por la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien anunció que su partido, en caso de alcanzar el poder, “modificará” la nueva legislación sobre el aborto; eso sí, sin aclarar qué aspectos serían derogados y cuáles no, y sin hacer mención a la idoneidad o no de la ley actual. De momento, explicó, el PP presentará una enmienda a la totalidad del anteproyecto cuando éste sea llevado al Parlamento. Y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional en caso de que saliera adelante sin sufrir modificaciones significativas.
Modificaciones que parece no se plantea el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE del lunes, habría manifestado –según informaciones periodísticas– su decisión de no cambiar un solo punto de la ley, haciendo caso omiso así incluso a voces críticas dentro de su partido, como las de Bono y ‘Cristianos Socialistas’, partidarios del “consenso”.
“ESTA MANIFESTACIÓN NO ACABA AHORA…”
La clausura de la manifestación corrió a cargo de Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, quien, en una intervención varias veces interrumpida por los aplausos, recordó que el tema del debate sobre el aborto “nos comprometemos a no darlo por cerrado hasta que no haya ninguno”.
Por ello, afirmó que “esta manifestación no se acaba ahora”, y se comprometió, junto con el resto de organizaciones convocantes, a llevar su compromiso con la defensa de la vida del que va a nacer y el apoyo solidario a la mujer embarazada “a todos los rincones de España”.
También tuvo palabras para los políticos, “a los que hoy gobiernan y a los que están en la oposición”, para pedirles que escuchen “el clamor de la calle y defendáis la vida y a la mujer sin componendas ni temores de ningún tipo”. Y les anunció a todos que “seguiremos movilizándonos cuantas veces sean necesarias”.
Hizo, además, un guiño para consumo interno de los convocantes: “Os pido que por sentido de la responsabilidad seamos capaces de mantener esta unidad sin que nadie, por particularismos egoístas, afanes de protagonismo o discrepancias en lo accesorio, rompa esta imparable marcha”.
Unos minutos antes, se habían dirigido a los manifestantes tres conocidas representantes de la asociación Mujeres contra el Aborto, quienes leyeron un manifiesto en el que, además de calificar como “ética y legalmente inaceptable” el aborto, exigen del Gobierno, “cualquiera que sea su color político, que agilice y potencie las políticas de adopción de los hijos cuyas madres no puedan o no quieran hacerse cargo de los mismos. Así mismo, que ponga en marcha campañas de información sexual que eduquen en la responsabilidad e impidan que las mujeres carguen en soledad con las medidas anticonceptivas o de regulación de la natalidad”.
Ya fuera del ámbito de la manifestación, y al día siguiente de la misma, el grupo de Cristianos Socialistas, enclavado dentro del PSOE, difundió un artículo en el que, reconociendo que “el núcleo de la reforma sobre el aborto es políticamente razonable”, aboga por “buscar un terreno común” entre las partes enfrentadas: “No se puede descalificar una regulación legal del aborto por considerarlo un asesinato”, dice. Pero “tampoco puede negarse la pertinencia de un juicio ético, social y jurídico sobre la interrupción del embarazo por considerar que se trata de un asunto privado que concierne sólo a la mujer”. Y concluyen: “Todavía estamos a tiempo de aprovechar esta reforma como una oportunidad para emprender con decisión el impulso a políticas públicas para la reducción de los embarazos no queridos que conducen al aborto”.
Artículo relacionado:
- Cuestión de coherencia, por José Lorenzo
En el nº 2.680 de Vida Nueva.
