La CEE prepara un documento sobre la crisis económica

Los obispos de la Permanente estudian un borrador para su posible aprobación en la próxima Plenaria

(José Lorenzo) Los obispos españoles, reunidos en Madrid del 29 de septiembre al 1 de octubre para participar en las sesiones de trabajo de su CCXIX reunión de la Comisión Permanente, estudiaban una ponencia sobre la crisis económica que podría ver la luz, en forma de documento, en la próxima Asamblea Plenaria, que se celebrará del 23 al 27 de noviembre. Aunque se lleva trabajando en ese tema desde hace un año, algunos creyeron entonces que la anunciada encíclica social de Benedicto XVI obligaba a ralentizar los trabajos, a diferencia de otros episcopados, que sacaron su propia reflexión cuando la debacle económica, con sus secuelas sociales, estaba en su punto álgido. Ahora, tras la publicación de Caritas in veritate el pasado 7 de julio, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha decidido pisar el acelerador a fondo para sacar adelante cuanto antes el documento, que, en todo caso, será igualmente provechoso para la sociedad española, que sufrirá los embates del crack más tiempo que sus vecinos europeos…

El texto a analizar lo ha presentado la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y para su elaboración se ha contado con las opiniones de diversos especialistas en cuestiones económicas, sociales y morales, salidas de jornadas como la que esta Comisión organizó el pasado diciembre sobre el tema Crisis económica y responsabilidad social y moral.

También importante en la agenda de esta Permanente ha sido el estudio de las iniciativas presentadas por la Comisión Episcopal del Clero para la celebración en España del Año Sacerdotal convocado por el Papa, que se desarrolla a lo largo de un año hasta el próximo 19 de junio. Sendos borradores de Mensaje al Pueblo de Dios y a los sacerdotes, y otro sobre el ejercicio del ministerio sacerdotal en nuestro país, podrían pasar para su aprobación en la próxima Plenaria.

Lo que sí fue aprobado por fin, tras haber sido presentado cuatro veces para su análisis en otras tantas Permanentes, fue un Mensaje de reconocimiento a la labor de Manos Unidas con motivo del cincuenta aniversario de esta organización sociocaritativa de la Iglesia.

Este visto bueno ha coincidido con la presencia, del 28 al 30 de septiembre, de una delegación de Manos Unidas en el Vaticano, donde participó en la audiencia general de los miércoles del Papa, quien se dirigió a ellos, sentados en primera fila, con palabras de cariño y agradecimiento. Asimismo, fueron recibidos por el cardenal Cañizares y por el presidente del Pontificio Consejo ‘Cor Unum’, el cardenal Josef Cordes. Precisamente, su nueva presidenta, Miriam García Abrisqueta –la única española que participará en el Sínodo para África-, ha sido nombrada recientemente miembro de este organismo.

El Mensaje a Manos Unidas podría presentarse en público en las jornadas que se celebrarán a principios de noviembre.

Junto a estos temas, los miembros de la Permanente han tenido conocimiento de los balances económicos de la CEE y del desarrollo del Plan de Catedrales. Y, por supuesto, han reflexionado sobre la reforma la ley del aborto (ver recuadro) y de la ley de libertad religiosa.

No a la reprobación

En clave ante la reforma de esta ley, que está estudiando el Ministerio de Justicia, hay que entender precisamente la nota emitida por el Comité Ejecutivo de la CEE el pasado día 24, el mismo día en que todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados se unieron para votar, en Comisión parlamentaria, contra la iniciativa presentada por IC-IUV para reprobar al Papa. “Con tales acciones –dice la Nota, emanada de la secretaría general de la CEE y acabada de consensuar por teléfono– el Parlamento pone en peligro el principio de la libertad religiosa. En efecto, la justa distinción entre Estado y sociedad y, más en concreto, entre Estado e Iglesia y entre el orden político y el orden moral, exige que las instituciones del Estado se abstengan de intervenir en el libre desarrollo de las instituciones religiosas, y en nuestro caso, de la Iglesia Católica, mientras no esté probado que atenten contra el orden público. Tratar de interferir por medio de reprobaciones políticas parlamentarias en la guía moral que el Papa ejerce en la Iglesia mediante su Magisterio ordinario, contradice seriamente el principio de no intervención y lesiona el derecho de libertad religiosa”.

La Nota sorprendió por su contundencia. No hubo, al parecer, demasiadas enmiendas a una redacción que a algunas relevantes figuras eclesiales se les antoja que responde a “un temor infundado”. Es más, se cree que se redactó con la vista en la Curia vaticana, de la que se espera que aprecie la “defensa a ultranza” del Papa. Desde el Vaticano, el portavoz, Federico Lombardi, también se pronunció sobre la decisión del Parlamento español, pero con su característico tono comedido: “Me habría asombrado que el resultado de la votación hubiera sido el contrario. Que el Parlamento haya rechazado la propuesta me parece lo más natural”. Y no quiso entrar en más comentarios.

Pero hay otra clave para interpretar la nota. A la CEE le parece conveniente este recordatorio ante la anunciada reforma legal. Y la admisión a trámite del intento de reprobación les parece un “precedente peligroso” de cara al futuro.

PREOCUPACIÓN PORQUE EL ABORTO SEA UN “DERECHO”


pildora-dia-siguiente(M. Á. Malavia) Aunque al cierre de la edición de este número de Vida Nueva aún no habían concluido las reuniones de la Comisión Permanente, no se esperaba ningún pronunciamiento oficial a la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el proyecto de reforma de la Ley del Aborto, el sábado 26, así como la entrada en vigor, el lunes 28, de la medida por la cual se dispensará en las farmacias, sin receta médica, la llamada “píldora del día después”. Y ello, tanto por la ausencia de cambios significativos en el proyecto de la nueva ley, como por la cercanía en el tiempo de la declaración que los obispos publicaron tras la anterior Permanente de junio. Una importante nota en la que se desarrollaban con nitidez sus dos grandes denuncias respecto a esta reforma: que lo que antes era delito, pasaría ahora a ser un derecho, y que supondría el fracaso de una sociedad que considera que el aborto no es en sí mismo un acto rechazable.

Pese a la previsible ausencia de una declaración oficial –lo que no significa que, de nuevo, se muestre el desacuerdo con la medida en la nota de prensa final, o las posibles valoraciones que el secretario general haga en la rueda de prensa de la clausura en respuesta a las preguntas de los periodistas–, varios miembros de la Comisión sí se han pronunciado estos días sobre la medida del Gobierno. Así, el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, hizo un llamamiento social a rechazar una ley que afecta al “derecho fundamental” de la vida. “Matar a un ser humano es matar a Dios”, concluyó. El arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, en declaraciones a Canal 9, elogió “la cada vez mayor conciencia de todos los hombres, y especialmente de los más jóvenes, de que matar es malo, incluso en el inicio mismo de la vida”. Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, lamentó por su parte que el título de la ley, que se sitúa en la “salud sexual”, es un “eufemismo” que “presenta el aborto como si fuera un derecho”.

En estos días, el Instituto de Política Familiar ha publicado una estadística según la cual, al año, hay 29.096 embarazos en adolescentes en España. De ellos, un 53% termina en aborto, frente a un 43% de los que se producen en el resto de Europa.

En el nº 2.677 de Vida Nueva.

Compartir