El Consejo de Estado apoya, con matices, la Ley del aborto

Cuarenta asociaciones ciudadanas se manifestarán en contra el 17 de octubre en Madrid

Bibiana-Aído(Miguel Ángel Malavia) La tramitación de la Ley del Aborto, marcada en varios puntos del proceso por la ausencia de consenso, ha vuelto a ponerse de manifiesto. Tras el rechazo del Consejo Fiscal –que declaraba “inconstitucionales” los artículos 12 y 14 y advertía que “los textos internacionales vigentes en modo alguno reconocen un derecho al aborto”– y la falta de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –que le impidió poder remitir un informe propio, por primera vez en su historia–, uno de los últimos trámites antes de que sea estudiado para su visto bueno en el Consejo de Ministros, fue su análisis por parte del Consejo de Estado, quien lo aprobó por unanimidad.

En un informe del pasado 17 de septiembre, que se remitió al Ministerio de Igualdad, se avala el sistema de plazos como una vía a desarrollar, y el primero de ellos (hasta las 14 semanas), como una decisión “que queda a la libre determinación de la gestante”. Pero, en el informe, de 70 páginas, se aprecia la complejidad de una decisión que plantea varios aspectos a tener en cuenta.

Pese a las informaciones interesadas de ciertos medios, que presentaron el informe como la plasmación del reconocimiento del derecho al aborto, lo cierto es que el texto dedica hasta once páginas a explicar que no entra en ese debate teórico. En referencia a la presente situación de despenalización de unos determinados supuestos de aborto, el informe aclara: “No se trata de reconocer un derecho específico, sino de un lícito hacer en este caso, como en cualquier otro aspecto de la conducta humana no prohibido por la ley”. De hecho, propone modificar el concepto ‘derecho al aborto’ (aparecido en el artículo 12 del anteproyecto) por el de ‘derecho a la prestación sanitaria requerida por la interrupción voluntaria del embarazo’.

El texto recomienda una pauta de acción, según la edad, en caso de las menores de edad. Para las de menos de 12 años, el consentimiento debería corresponder a su representante legal; respecto a las de 12-16 años, éste correspondería también a su representante legal, aunque debería escuchar la opinión de la menor; y en cuanto a las de 16 y 17 años, la decisión sería exclusivamente de ellas, teniendo el representante legal “el derecho a ser informado”, con excepción para los casos en que existan “fundadas razones” de que se pudiera generar un conflicto que cohibiera su libre decisión.

“Paraíso abortista”

Otro punto destacado del documento es su crítica a la aún vigente legislación –lo es desde 1985– en materia abortiva, considerándola, “por sus propios defectos o por la interpretación laxa que se le ha dado”, como un “creciente fracaso” que ha hecho de España “un paraíso abortista”. A juicio de los firmantes, es “necesaria” una reforma que ponga freno a la “indeseable situación de aborto libre”. En diversos puntos, se hace hincapié en que se debe tender en todo momento a la protección de la maternidad y no al impulso del aborto como una situación habitual. Respecto a los médicos, el informe concluye expresando la idoneidad de regular la objeción de conciencia, así como un endurecimiento de las penas a los facultativos que practican abortos ilegales.

La titular de Igualdad, Bibiana Aído, informó de que, tras la recepción del informe del Consejo de Estado, remitiría el anteproyecto al próximo Consejo de Ministros. Al cierre de esta edición, aún no se había reunido el Gabinete.

Paralelamente al avance en el proceso de la reforma de esta ley, la reacción en contra por parte de diversos colectivos ciudadanos no se ha hecho esperar. Con el ánimo de informar de los pormenores de la manifestación En defensa de la vida, la mujer y la maternidad, que tendrá lugar el 17 de octubre en Madrid, la sede del Foro Español de la Familia sirvió de plataforma para, el mismo día en que se conoció el informe del Consejo de Estado, expresar una vez más el rechazo al anteproyecto de ley.

En rueda de prensa, y en nombre de los más de cuarenta organismos convocantes de la marcha (algunas diócesis también están recomendando que se asista a la misma), se recalcó que ésta sería “en positivo y sin ningún color político”. Entre los presentes, estuvieron Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia; Alicia Latorre, presidenta de Provida España; Carmina García Valdés, presidenta de RedMadre; Ignacio Arsuaga, director de HazteOir.org; o Isabel Bazo, presidenta de CECE.

En el nº 2.676 de Vida Nueva.

Actualizado
25/09/2009
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