El presidente Colom achaca la situación a “problemas históricos y estructurales del país” y a la inequidad
(Teófilo Cabestrero– Guatemala) No ha causado conmoción en los medios de comunicación social ni en la población guatemalteca el anuncio de su presidente, Álvaro Colom, de decretar el ‘Estado de Calamidad Pública’, tras los casos de desnutrición aguda registrados en el denominado ‘corredor de la sequía’, al noreste del país. El impacto lo vivíamos desde que, en pocos días, el hambre mató a más de 20 niños y evidenció otros casos de subalimentación grave en varias regiones. Antes del anuncio presidencial, se habían improvisado iniciativas privadas de donación y de reparto de alimentos, porque no hubo previsión ni solución a tiempo por parte de las instituciones estatales.
Lo más curioso es que en estos dos años de gobierno de Colom, la propia esposa del mandatario es quien lidera unos programas de ‘Cohesión social’ en los que reparten miles de bolsas de comida y dinero a familias pobres –programas que algunos califican de “asistencialistas” y “clientelistas”–, pero no hubo previsión ni remedio oficial para esas otras situaciones de hambre mortal.
Representantes de la comunidad internacional en Guatemala ya habían sugerido a Colom declarar el ‘Estado de Calamidad’, para así facilitar la liberación de mayor ayuda en los países donantes. El anuncio del presidente, pues, da cumplimiento a ese objetivo mediante decreto.
Informe de la ONU
También ha podido influir en su decisión la visita en fechas recientes del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver Schutter, que concluyó el sábado 5 de septiembre su análisis del hambre en el país centroamericano. En el informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que los esfuerzos realizados hasta ahora para combatir el hambre son “insuficientes”. Y en rueda de prensa antes de abandonar el país, advirtió que “Guatemala vive una situación extrema en desnutrición, en comparación con otros países de Latinoamérica”. Y añadió que “las desigualdades en Guatemala llegan a niveles que no se pueden tolerar” y que “la cantidad de pobres es inaceptable”.
En este contexto, es de agradecer que, al anunciar el ‘Estado de Calamidad Pública’, el presidente Colom haya reconocido públicamente que la insuficiencia alimentaria y la desnutrición “son problemas históricos y estructurales del país”. “Guatemala –ha manifestado el mandatario– ha vivido con altos índices de pobreza y desnutrición durante décadas, provocados por una larga historia de inequidad”. Y añade: “Ésa es la causa de la crisis alimentaria y nutricional que el país está viviendo”.
Así las cosas, parece claro que, además de dar comida para que nadie se muera de hambre, hay que remediar esas causas históricas y estructurales del hambre, emprendiendo necesarios cambios y reformas estructurales. De lo contrario, se mantendrá por más y más décadas la inhumana y mortal desnutrición.
Por todo eso y por las otras calamidades que padecemos (violencia asesina y asaltos, extorsiones, robos y secuestros del crimen organizado, del narcotráfico y de los poderes paralelos con sus sicarios, corrupción, con la incrustación de todo eso en instituciones del Estado y de la Administración de Justicia, y la casi total impunidad), se decrete o no se decrete oficialmente, en Guatemala vivimos permanentemente en estado de calamidad pública.
AYUDA A FAMILIAS EN CRISIS
Más de 54.000 familias que viven en el ‘corredor de la sequía’ han sido declaradas en estado crítico por la falta de alimentos para subsistir, tras la pérdida de sus cosechas de maíz y frijoles, cultivos básicos de su dieta alimenticia. Otras 300.000 familias de la misma zona –integrada por los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Baja Verapaz– podrían correr el riesgo de padecer una situación similar si no se pone remedio.
Para ello, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas ha iniciado la distribución masiva de 20 toneladas de ‘galletas nutritivas’ en las comunidades más castigadas por la crisis alimenticia, que complementarán las bolsas de alimentos básicos que el Gobierno empezó a distribuir hace dos semanas entre las familias afectadas.
Mientras tanto, un reciente informe del Ministerio de Salud guatemalteco viene a añadir datos descorazonadores a esta preocupante realidad, al desvelar que, en los primeros ocho meses de este año, han muerto 462 personas –entre ellas, 54 niños– a consecuencia de afecciones debidas a la desnutrición crónica.
En el nº 2.675 de Vida Nueva.
