Los obispos hondureños defienden en un polémico comunicado que el Estado democrático sigue vigente
(Pablo Romo Cedano) El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ha recibido en su residencia a Manuel Zelaya y a Roberto Micheletti y se encuentran inmersos en una reunión de dos días en el proceso de mediación de la crisis política desatada en Honduras tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio. El Nobel de la Paz 1987 advertía horas antes de iniciarse esta reunión que “se requerirá mucha paciencia” y ha desvelado que la única condición impuesta para el encuentro es “tener buena voluntad”.
Pero en el pequeño país centroamericano (y fuera de él) todavía se sigue hablando del controvertido comunicado dado a conocer el 3 de julio por la Conferencia Episcopal de Honduras a propósito de los recientes acontecimientos. El documento, titulado Edificar desde la Crisis, fue presentado ante los medios de comunicación por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, y en él los prelados se remiten “a la información que hemos buscado en las instancias competentes del Estado (Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo Electoral) y muchas organizaciones de la sociedad civil”. Y, a renglón seguido, sostienen que “todos y cada uno de los documentos que han llegado a nuestras manos, demuestran que las instituciones del Estado democrático hondureño, están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras”.
Estas palabras no sólo no cuestionan la legitimidad de lo sucedido con Zelaya, sino que van más allá, al concluir que, cuando éste “fue capturado, ya no se desempeñaba como Presidente de la República”, pues un juez había emitido orden de captura dos días antes “contra el ciudadano Presidente de la República de Honduras, a quien se le supone responsable de los delitos de: contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones…”.
Mensaje en entredicho
Esta polémica explicación quedaba en entredicho tras las declaraciones del obispo de Santa Rosa de Copán, al oeste del país, Luis Alfonso Santos, que en un nota difundida desde su diócesis rechazaba “la sustancia, la forma y el estilo con que se ha impuesto al pueblo un nuevo jefe del Poder Ejecutivo”, 124 diputados del Congreso que “no son dueños de Honduras” y a los que recuerda que “nadie puede estar por encima de la Ley”.
Tras recordar la pastoral presentada al término de la Asamblea Plenaria (VN, nº 2.667), más adelante el texto dado a conocer por Maradiaga invita a “aprender de los errores para enmendarlos en el futuro” y hace un “llamado especial” a los dirigentes del país, a los grupos de todo tipo, a la población en general y a la comunidad internacional en la confianza de que “la situación actual puede servirnos para edificar y emprender un nuevo camino, una nueva Honduras”. Y dirigiéndose en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA), le pide que “preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio”. El cardenal concluyó la lectura del mensaje invitando a Zelaya a “no regresar al país, por el bien de Honduras y para evitar enfrentamientos”.
Mientras esto sucedía, los enfrentamientos en las calles se intensificaron durante la semana, cobrándose al menos dos vidas y decenas de heridos. Asimismo, el Ejército encabezado por el general golpista Romeo Vásquez Velásquez abrió fuego contra los manifestantes que apoyaban a Zelaya cuando éste pretendía regresar a su país acompañado de funcionarios de la ONU y de la OEA.
Precisamente, el secretario general de este último organismo, José Miguel Insulza, en su visita a Honduras para intentar mediar en la situación, sostuvo que “en un Estado democrático toda persona tiene derecho a ser oído, tener defensa y ser sentenciado por un juez competente y no debe ser expatriado de su propio país, aunque éste sea un criminal”. De hecho, la propia OEA ordenó el día 4 la expulsión de Honduras de este organismo. Dos días después, también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, rechazó lo acontecido, calificándolo como “un cambio inconstitucional de poder que es inaceptable”.
Finalmente, desde el país vecino, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, declaró que “respeta el pronunciamiento de los obispos de Honduras sobre la situación política tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya”, y llamó a orar por el bien de ese país.
En el nº 2.668 de Vida Nueva.
