La Iglesia ya había alertado días antes con preocupación de las divisiones que sufre el país centroamericano
(Pablo Romo Cedano) De momento, Roberto Micheletti, presidente de facto de Honduras tras la salida obligada del país del mandatario electo, Manuel Zelaya, se mantiene firme en su posición de seguir gobernando la pequeña República centroamericana a pesar del ultimátum dado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para que abandonara el cargo. Mientras tanto, las calles de la capital, Tegucigalpa, siguen siendo escenario de violentos enfrentamientos entre los partidarios de ambos políticos, como ha venido ocurriendo desde que el pasado 28 de junio las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Romeo Vásquez Velásquez, dieran un golpe de Estado deponiendo al presidente Zelaya, democráticamente elegido en los últimos comicios presidenciales.
La Iglesia hondureña, a través de la Conferencia Episcopal, ya se había pronunciado días antes de producirse los hechos contra cualquier tipo de acciones militares, exigiendo el respeto a las instituciones constituidas y a los derechos humanos. “Creemos que, en la medida en que se vayan desarrollando la capacidad, la conciencia y la responsabilidad ética de los dirigentes políticos, de los funcionarios públicos y de los responsables del sistema bancario, la injusticia social que existe irá disminuyendo”, reconocían los obispos en un documento difundido el 19 de junio al término de su segunda Asamblea anual. Y, citando el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el texto añadía: “Las consultas a la ciudadanía, lejos de provocar temor, debemos considerarlas como un recurso importante de participación política, siempre y cuando se realicen dentro del marco de la ley, ya que ‘la representación política no excluye, en efecto, que los ciudadanos puedan ser interpelados directamente en las decisiones de mayor importancia para la vida social'”, en clara alusión al referéndum que Zelaya proponía para crear una Asamblea Constituyente que reformase la Constitución y -entre otras cosas- permitiese su reelección en el cargo.
Pero, a dos horas de iniciarse la consulta, el Ejército -con la aprobación del presidente de la Cámara de Representantes, Roberto Micheletti- entró en la residencia presidencial, secuestró a Zelaya y le condujo en un avión fuera del país. Ya habían advertido los prelados una semana antes que se escuchaban “rumores de golpe de Estado y los preparativos para la encuesta sobre una cuarta urna”, lo que les producía una “honda preocupación por las divisiones y la polarización de fuerzas que cada día se agudizan en nuestra sociedad”.
Represión informativa
Y así fue. El mismo domingo 28 un grupo de unos 25 militares tomaron también Radio Progreso, emisora de los jesuitas con sede en la ciudad de El Progreso, al norte del país. Sus estudios permanecen cerrados, según un comunicado del director, el sacerdote Ismael Moreno, con quien ha sido imposible contactar desde Vida Nueva, pues tanto la red telefónica como Internet permanecen bloqueadas. Asimismo, fue amenazado de muerte el periodista Johnny Lagos, director del semanario El Libertador, afín al Gobierno de Manuel Zelaya, mientras la represión policial contra los manifestantes que condenaban el golpe dejaba en las calles decenas de heridos.
Entretanto, en un acto digno de una tragicomedia, Micheletti falsificó una carta de renuncia de Zelaya y se la presentó a sus colegas para que le nombraran presidente de la República, anunciando que todo correspondía a la legalidad y al orden constitucional.
La condena del golpe fue unánime, tanto por parte de los países como de los organismos más importantes del continente, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alianza de Cooperación Centroamericana. Todos los presidentes de América Latina, los Estados Unidos y la Unión Europea condenaron los hechos invitando a los actores golpistas a la serenidad y a la reflexión.
Las Fuerzas Armadas hondureñas, sin embargo, desplegaron un dispositivo “de emergencia” con varios aviones de combate y soldados en las calles de Tegucigalpa, mientras que Micheletti declaró el toque de queda. La policía lanzó gases lacrimógenos contra los simpatizantes de Zelaya que se manifestaban en la capital, al tiempo que las protestas se multiplicaban en el interior del país.
Grandes conocedores de su pueblo, los pastores de este pequeño país de menos de siete millones y medio de habitantes, ya habían alertado en el citado documento que, “desde diferentes medios de comunicación, agrupaciones cívicas y el mismo pueblo, se insiste en la necesidad de plantearse, e intentar resolver, los ingentes problemas sociales que se han venido postergando, tales como la creciente violencia social, la disminución de los recursos financieros del Estado, el desempleo, el auge del crimen organizado y el narcotráfico, la disminución de la fuerza que los valores morales y religiosos le dan a la sociedad, la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, la tenencia de la tierra, etc. (…), pues este conjunto de problemas son una amenaza contra la democracia”, a la que califican de “débil” y “más electoral y representativa que participativa”. Y advierten sobre “los grupos de poder nacionales y transnacionales que actúan en las sombras, insaciables en su afán de enriquecimiento, que bloquean o condicionan el desarrollo integral del país profundizando la brecha de la injusta desigualdad en la que vivimos”.
Inquietud justificada
La inquietud episcopal está más que justificada: Honduras figura en la lista de los países más pobres del planeta, empuja a cientos de miles de personas cada año hacia la terrible travesía de los migrantes rumbo a los Estados Unidos, miles de jóvenes optan por delinquir como modo de vida ante la falta de alternativas, la riqueza se concentra en unas pocas manos…
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y presidente del Episcopado hondureño, había afirmado sólo seis días antes del golpe que “todo tipo de confrontación termina siempre mal, porque sitúa al otro como enemigo, y en Honduras no somos enemigos, somos un solo pueblo y no podemos dividirnos por cuestiones como éstas”. De ahí que los prelados, en un documento llamado a ser histórico, urjan a las autoridades a que “custodien el Estado de Derecho” y busquen medios idóneos para el “diálogo” entre los diferentes actores. Asimismo, alaban que “las reformas busquen aumentar los instrumentos democráticos como el Plebiscito y el Referéndum, que junto con la Ley de Participación Ciudadana, permitan que el pueblo sea consultado en los asuntos de mayor importancia”.
Recordando la encíclica de Juan Pablo II Redemptor Hominis, el contundente mensaje episcopal subraya que “no se puede desobedecer a la Ley en nombre de las personas a las que se quiere beneficiar, como no se puede ser democrático sin respetar la Democracia, imponiendo el poder de un determinado grupo a todos los demás miembros de la sociedad”. Y pide “a los tres poderes del Estado, a las Instituciones dependientes y, en especial, a las Fuerzas Armadas, que garanticen la transparencia, organización y buena marcha de las próximas elecciones para que se conviertan en una demostración de convivencia pacífica y de respeto a la Constitución tal como lo desea el pueblo hondureño”.
Recomendaciones que, a tenor de los acontecimientos, fueron ignoradas por los golpistas. Quienes no desoyeron lo sucedido fueron los presidentes latinoamericanos, que el lunes 29, reunidos en sesión urgente en Managua (Nicaragua), acordaron retirar sus embajadores de Honduras para presionar a los golpistas a que depongan su actitud. Mientras, el pequeño país centroamericano sigue tomado por la fuerza de las armas y de la incertidumbre.
En el nº 2.667 de Vida Nueva.
