Cáritas reclama un Pacto de Estado ante la crisis

Más de la mitad de las personas atendidas en 2008 llegaron a través de los servicios sociales públicos

persona-desolada(Marina de Miguel) El espíritu de Cáritas se basa en la dignidad de la persona, su promoción y su capacidad para ser independiente. Pero la crisis ha hecho que nos volquemos en la asistencia, una de sus facetas, y realicemos un trabajo de atención a las primeras necesidades que no nos corresponde”. Con estas palabras, Francisco Lorenzo, secretario técnico de la Fundación Foessa (departamento de estudio y análisis de la institución), explica a Vida Nueva cómo la organización se ha adaptado a este período de gran incertidumbre económica. Un hecho que se confirma en los datos recogidos en el informe Cáritas ante la crisis. Impacto, diagnóstico y propuestas, donde se señala que los servicios de acogida de toda España atendieron en 2008 un total de 597.172 personas, un 50% más que el año anterior. Este aumento de casi 200.000 usuarios fue muy significativo en algunas delegaciones diocesanas, donde la subida ha llegado al 70%.

El documento -que fue presentado en Madrid el pasado día 24- señala que la mayoría de las demandas de ayuda de emergencia han sido para afrontar necesidades tan básicas como alimentación, vivienda y gastos sanitarios, contingencias a las que, a juicio de la propia Cáritas, deberían dar respuesta los servicios sociales públicos, pero la realidad es que el 52% de las personas atendidas llegaron derivadas desde esos servicios sociales. La escasez de recursos de las Administraciones Públicas, la dureza de los criterios vigentes para acceder a esas ayudas públicas o la excesiva lentitud en las respuestas a las solicitudes de los demandantes son las causas de este fenómeno. En este sentido, el secretario general de Cáritas Española, Silverio Agea, reclamó durante la presentación un pacto de Estado para dotar de manera urgente a esos servicios de los recursos económicos necesarios. Lorenzo considera también prioritario crear dispositivos de “mayor cercanía, más proactivos”, que se ocupen de las personas en situación de exclusión muy severa, como los ‘sin hogar’.

La mayoría, jóvenes

Muchas de las personas que acuden a alguno de los cerca de 6.000 servicios de atención primaria de Cáritas lo hacen por primera vez. Sin embargo, el secretario técnico de Foessa llama la atención sobre quienes, tras participar en diversos programas de orientación y búsqueda de empleo y de lograr así una situación de cierta estabilidad, han regresado a pedir alimentos y otras ayudas. “En contextos como el actual, es muy fácil pasar de la pobreza a la exclusión”, advierte.

El perfil mayoritario de los demandantes es, por este orden, el de personas jóvenes (de entre 20 y 40 años) con niños pequeños, desempleados recientes procedentes de sectores como la construcción o los servicios, mujeres solas con cargas familiares, hombres solos sin hogar, mujeres mayores con pensiones no contributivas e inmigrantes en situación irregular.

COMBATIR LA POBREZA CUESTA 2.200 MILLONES

El informe de Cáritas también sirve para atisbar cómo se desarrollará la labor en 2009, pues no se han producido cambios significativos. Así, se estima que necesitará 40 millones de euros para un Plan de Acción contra la crisis, cuyos ejes son la promoción del ejercicio de sus derechos como ciudadanos de las personas más vulnerables, las ayudas de soporte básico y las dirigidas a evitar la pérdida de la vivienda, proporcionar un conjunto de acciones de formación profesional y fomento del empleo, además de apoyos a la garantía de rentas mínimas. “Conseguir este dinero es un reto, no es nada fácil -apostilla Francisco Lorenzo-, pero es una apuesta importante donde también se mide el nivel moral de la sociedad”.

En este aspecto, también se presentaron las grandes líneas de la propuesta elaborada por los profesores Miguel Laparra, de la Universidad Pública de Navarra, y Luis Ayala, de la Rey Juan Carlos, titulada El sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social, donde se habla de la necesidad de acometer una reforma profunda del sistema público de rentas mínimas. En este estudio se estima que la cuantía económica suficiente para articular ese sistema básico de garantía social (del que se beneficiarían directamente algo más de 470.000 hogares que, como consecuencia de la situación actual, no reciben ningún tipo de ingresos) estaría entre 1.800 y 2.200 millones de euros. 

Es una cantidad considerable, pero no lo es tanto en comparación con otros tipos de gastos, o si tenemos en cuenta que se trata de combatir la pobreza en un país como ha sido éste hasta 2007″, corrobora el sociólogo.

En el nº 2.667 de Vida Nueva.

Actualizado
03/07/2009
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