La CEE confía en que la reforma del aborto no sea aprobada

Duras críticas de los obispos al modelo de Estado que está propiciando el Gobierno del PSOE

zapatero-en-el-congreso(José Lorenzo) Como anunciamos desde estas mismas páginas en el número anterior de Vida Nueva, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aprobó una extensa nota de condena ante la reforma del aborto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha, y en la que el político socialista se ha implicado personalmente.

Con el título de Declaración sobre el Anteproyecto de ‘Ley del Aborto’: atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en ‘derecho’, el texto de los prelados, aprobado por unanimidad, consta de once páginas en donde, bajo la apariencia formal de un argumentado y categórico rechazo a la interrupción de la vida, en realidad se presenta lo que podríamos considerar una enmienda total a un proyecto de gobierno con un hondo calado de transformación social. 

Así, los obispos, aunque no lo expresan de esta manera, se echan las manos a la cabeza porque el Gobierno pretende convertir lo que consideran un asesinato en un “derecho”. En vez de esto, lo afirman así: “El aspecto tal vez más sombrío del Anteproyecto es su pretensión de calificar el aborto como un derecho que habría de ser protegido por el Estado. He ahí una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo el texto”.

Dentro de su argumentario sobre lo que serían las extralimitaciones que se arroga el poder legislativo y el ejecutivo con esta reforma, los obispos denuncian también que “el Estado que otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad”; o que esta reforma “presenta el aborto como si fuera un asunto privado ligado prácticamente sólo a la decisión individual de la gestante. La decisión de eliminar una vida humana incipiente es calificada una y otra vez de asunto íntimo suyo en el que nadie podrá intervenir: ni el padre del que va a nacer, ni los padres de la menor, ni el Estado”; o “el derecho a vivir no está a disposición de nadie: no puede ser violado por ningún ciudadano ni por el Estado”; o que “se concibe de modo perverso la libertad” y “se fomenta una visión individualista y antisocial de la persona, cuya libertad vendría a coincidir con su capacidad de hacer prevalecer el propio sentir o el propio interés”, y “eso no es libertad”.

En el fondo, la nota viene a consignar lo que sería una estrategia de ingeniería social del Gobierno, denunciada ya en anteriores ocasiones por la mayoría de los obispos españoles, y que en el anteproyecto de reforma del aborto se materializaría a través de una determinada “formación en ‘salud sexual y reproductiva’ para todo el sistema educativo”. Por ello, los miembros de la Comisión Permanente denuncian en esta declaración que “la injusta imposición de una determinada concepción del ser humano a toda la sociedad por medio del sistema educativo, inspirado además en modelos antropológicos parciales y poco respetuosos de la verdad del ser humano [los obispos se refieren a la “ideología de género”], no podrá dar frutos buenos”.

“Serio retroceso”

Por todo ello, los prelados, que consideran que esta reforma es un “serio retroceso” respecto a la actual ley (“ya de por sí injusta”, dicen) y que los políticos católicos no pueden aprobarla ni darle su voto, esperan que el Parlamento rechace esta reforma. Así, al menos, lo aseguró el secretario general de la Conferencia Episcopal en la rueda de prensa en la que presentó en Madrid, el pasado día 18, esta declaración. “No se da por hecho que se convierta en ley”, declaró Juan Antonio Martínez Camino dos días después de que el PSOE lograra un amplio respaldo en un debate en el Congreso de los Diputados a propósito de la reforma. En todo caso, el anteproyecto ya ha cosechado la opinión contraria -no vinculante- del Consejo Fiscal (organismo asesor del Fiscal General del Estado), que lo considera inconstitucional por cuanto dejaría en desprotección al nasciturus, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tampoco lo debe ver muy claro el Consejo General del Poder Judicial, que pedirá al Gobierno una segunda prórroga para seguir evaluando el texto de la reforma.

En el nº 2.666 de Vida Nueva.

Actualizado
26/06/2009
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