Un cura de Valencia relata los esfuerzos de los inmigrantes por integrarse
(Texto y fotos: José Carlos Rodríguez Soto) Después de pasar dos guerras en el norte de Uganda y vivir 25 años en el país ayudando a niños huérfanos, refugiados y campesinos que comían una vez al día, el padre Carmelo del Río creyó que ya había visto lo peor por lo que puede pasar un ser humano. Pero desde que regresó a España hace algo menos de un año para realizar un nuevo trabajo pastoral con inmigrantes africanos en Valencia, este misionero comboniano natural de Lerma (Burgos) se entristece al relatar el día a día de muchos de sus feligreses, que padecen un acoso policial que se ha incrementado en España durante los últimos meses.
Temor a salir de casa
“La policía les busca en locutorios, en determinadas bocas de metro y paradas de autobuses donde saben que acuden más inmigrantes. Muchos de ellos tienen miedo a salir de casa, sobre todo por la tarde y de noche. Desconfían de todo el mundo, ya que muchas veces los policías van vestidos de paisano y no raramente les siguen hasta el piso donde viven, pensando que allí pueden encontrar a más ‘sin papeles’. A los que encuentran sin la documentación en regla les llevan al calabozo, donde les retienen uno, dos y hasta tres días”.
Muchos de ellos son trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, adonde Carmelo del Río acude regularmente a ejercer sus tareas como capellán. Allí suele haber en torno a 120 inmigrantes procedentes de distintos puntos de España, en espera de que se tramite su expulsión. Según la legislación, no pueden estar más de 40 días internados en estos centros, pero en muchas ocasiones el período puede alargarse debido a varias razones, entre ellas, las demoras con que las embajadas de sus respectivos países tramitan su documentación. Los magrebíes son los que más tiempo suelen permanecer dentro, según señala el padre Carmelo, “seguramente porque al proceder de países más cercanos, a las autoridades les sale más barato pagarles el viaje de vuelta”.
En teoría, el CIE no es una cárcel, ni los que residen en ella han cometido ningún delito (carecer de papeles de residencia es, según la legislación vigente, una mera falta administrativa), pero quienes están en él están privados de libertad. Es más, según han denunciado distintas organizaciones, en ciertos aspectos incluso un criminal convicto goza de más derechos que un inmigrante retenido en uno de los CIE. Por ejemplo, en ellos -a diferencia de las cárceles- no hay un abogado de oficio disponible los fines de semana, ni tampoco hay actividades ocupacionales. La vida diaria se resume en un deprimente ir del dormitorio al comedor, de allí a la televisión y si no, a un patio que se construyó para 20 personas y que resulta inadecuado para los más de cien internos que suele albergar el centro. A los que ingresan en él les retiran el móvil, y la única posibilidad de hacer llamadas es uno de los dos teléfonos instalados en un pasillo, sin ninguna privacidad.
El religioso, tras celebrar la Eucaristía en el centro todos los domingos, permanece allí algo más de una hora, durante la cual muchos de los inmigrantes se desahogan con él contándole lo que no pueden compartir con nadie más. “Muchos de ellos se echan a llorar, y no me extraña, porque viven verdaderos dramas familiares. Ocurre en muchas ocasiones que nadie de su familia tiene papeles, y la mujer no puede acudir a visitar al marido porque a la entrada le van a pedir la documentación y tiene miedo de que la detengan también a ella. Otros trabajan en bares, y cuando les dejan en libertad se encuentran con que su jefe le ha dado su trabajo a otro y de esta forma pierden el empleo. Hay también problemas muy serios de desarraigo familiar. Hay que ponerse en la piel del inmigrante al que, después de muchos esfuerzos para realizar los trámites de reagrupación familiar y traerse a la mujer y los hijos, le expulsan y le separan de su familia. Una vez me encontré con un hombre que, además de trabajar muchas horas al día, tenía que atender a su mujer, que había tenido un accidente y estaba escayolada. Imagínate la angustia por la que pasó cuando le detuvieron y pensó que su mujer se quedaba sin nadie que pudiera ayudarla”.
El padre Carmelo conoce bien la vida cotidiana de los inmigrantes con los que trabaja en cuatro parroquias de Valencia, donde asegura que hay “muy buena colaboración con los sacerdotes y con las Cáritas parroquiales”. Los africanos -nigerianos en su mayoría- trabajan sobre todo en ocupaciones que suelen ser temporales: construcción, recogida de fruta y -cuando llega el buen tiempo- en la venta ambulante en zonas turísticas. Como buen conocedor de África, no le sorprende que la fuerte religiosidad de estas personas esté aportando bastante vitalidad a muchas de las parroquias que frecuentan: “En la parroquia de San Dionisio y San Pancracio -comenta- tuvimos hace dos semanas 29 confirmaciones. Seis de los confirmandos eran nigerianos, 22 latinoamericanos y sólo uno era español”. En otras parroquias ocurre un fenómeno curioso: la mayoría de los españoles que acuden a misa tienen ya una cierta edad y casi todos los jóvenes presentes son inmigrantes de muchas procedencias, que suelen ser los que animan el coro. Éste es el caso de la parroquia de Santa Marta, cuyos feligreses habituales proceden de 13 nacionalidades, muchos de los cuales frecuentan, además, los cursos de capacitación profesional que organiza la parroquia y para los cuales cuentan con la colaboración de varias religiosas.
Cupos de detenciones
La misma situación relatada por el padre Carmelo del Río fue denunciada el pasado 28 de mayo en un acto público celebrado en la madrileña plaza de Lavapiés. Allí, el senegalés Serigué, representante de la Asociación de Sin Papeles, desgranó los detalles del acoso a que se ven sometidos los inmigrantes desde que la policía recibió órdenes de cubrir cupos semanales de detenciones: “Salir a la calle es un desafío. La policía nos busca en los lugares a los que vamos para ganarnos la vida, regularizar nuestra situación o llamar a nuestras familias. A muchos nos han detenido cerca del juzgado y de embajadas. Nos sacan de la cabina del locutorio cuando hablamos por teléfono. Nos piden que aprendamos español, que vayamos a los juzgados, que tengamos un trabajo, pero se nos persigue justo allí donde vamos a hacerlo”.
A esto se suman ocasiones en las que los inmigrantes dicen padecer un trato vejatorio: “Muchos policías nos dicen que no les gusta hacer eso, que son órdenes de sus jefes. Les hemos escuchado decir que tienen que llevar a un número concreto de personas detenidas a comisaría, y como su coche es muy pequeño y no caben todos los que sus jefes les han pedido que lleven detenidos, nos llevan en furgonetas. Y nos tienen esperando dentro durante mucho tiempo hasta que se llenan. Como si fuéramos en un camión de mercancías. A veces nos tratan con respeto, pero otras veces nos aprietan las esposas, nos insultan y se burlan de nosotros. En comisaría nos encierran a muchas personas juntas, pasamos frío y apenas nos dan unas galletas para comer. Estamos ya muy cansados, por eso ahora muchos de nosotros nos quedamos en casa casi todo el día. No nos resignamos a vivir encerrados en el miedo, queremos salir libremente a la calle sin la amenaza de vernos atrapados en una cacería. ¡Porque la vida no es una cárcel!”.
Efecto estigmatizador
A la Asociación de Sin Papeles se ha sumado un grupo de españoles reunidos en la organización El Ferrocarril Clandestino, donde hay desde juristas o estudiantes hasta personas de Iglesia. En un comunicado emitido para apoyar esta campaña, subrayan que “este modo de control es absolutamente desproporcionado frente a la posible comisión de una infracción administrativa”, y alertan sobre “el efecto estigmatizador que produce en la población inmigrante”. En su opinión, “el hecho de que en estos controles exista una selección según los rasgos de la piel atenta contra el artículo 14 de la Constitución: ‘No se perseguirá a ninguna persona por razón de raza, género, religión, etc.'”.
Ambas organizaciones han pedido que desaparezcan los controles masivos y sistemáticos de identificación, poder mantener una reunión con la Delegación del Gobierno y que se haga público un compromiso por parte de las autoridades para acabar con esta situación.
En el nº 2.665 de Vida Nueva.
