La Comisión Permanente recuerda que “ningún católico coherente” podrá aprobar el anteproyecto de reforma de la Ley
(Vida Nueva) Si el actual anteproyecto de la Ley del aborto llega a convertirse en Ley, eso supondrá “un serio retroceso en la protección de la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva, un daño muy grave para el bien común”. Así lo señala la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), de 17 de junio de 2009. Duras críticas, pues, para un anteproyecto que se ha encontrado con numerosas reacciones contrarias desde diversos colectivos sociales. Después de muchos pronunciamientos particulares de los prelados, y conocidas otras reflexiones anteriores del Episcopado español sobre este asunto, la Comisión Permanente ha decidido emitir esta nueva Declaración, en la que alertan contra el intento de convertir en un “derecho” lo que es un “atentado contra la vida de los que van a nacer”.
Reunidos en Madrid del 16 al 18 de junio, los obispos miembros de la Permanente consideran que el anteproyecto -aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo- “constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto. Tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón”, subrayan.
Quizá el aspecto más sombrío del anteproyecto de Ley, señalan los obispos, es “su pretensión de calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el Estado. He ahí una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo el texto”. Es el Estado, de hecho, el que “otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado contra el derecho fundamental de la vida”, y esto, además, “pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad”.
Sin contar con el padre
La amplia Declaración (11 páginas) se vertebra en siete puntos principales, en los que los obispos critican que sea “la mera voluntad de la gestante” la que anule el derecho a la vida del que va a nacer, sin contar siquiera con la opinión del propio padre del niño. Una madre, por cierto, a la que no se apoya “para ahorrarle el trauma del aborto y sus graves secuelas”.
Señalan que en este anteproyecto “se niega o devalúa al ser humano para intentar justificar su eliminación”, y esto se hace porque “es muy duro reconocer que el fruto de la fecundación es un ser humano (…) y al mismo tiempo, afirmar que se le puede quitar la vida simplemente porque así lo decide quien lo gesta”. Además, la educación está siendo “instrumentalizada”, cometiendo “la injusticia de imponer una determinada moral sexual” que no es eficaz ni como “verdadera educación” ni para prevenir los abortos.
Las menores de 16 años
En cuanto a uno de los aspectos más polémicos del texto gubernamental, el de permitir que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin necesidad de informar a sus padres, la Declaración de la CEE apunta que esto supone “propiciar su soledad e indefensión ante un hecho muy nocivo para su salud espiritual y su desarrollo humano”.
“Abortar no es nunca curar, es siempre matar”, argumentan los obispos, rechazando un determinado programa de salud sexual y reproductiva que incluye esta práctica “entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la salud”, lo cual “es de por sí una grave falsedad”. “El embarazo no será nunca de por sí una enfermedad, aunque pueda conllevar complicaciones de salud, ser inesperado o incluso fruto de la violencia”. En este punto, critican también que “no se respete” a los médicos que se niegan a realizar abortos.
