Piden en un mensaje que el Gobierno dialogue con ese colectivo y respete sus derechos ancestrales
(María Rosa Lorbés– Lima) Desde el 9 de abril, los habitantes indígenas de la Amazonía peruana están en paro indefinido, para reclamar la derogatoria de los decretos legislativos aprobados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, al considerarlos lesivos para sus derechos ancestrales, porque atentan contra su territorio y su vida, y “no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario, surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región”, han lamentado los obispos de la zona.
Y es que sus reclamos, ignorados por la mayoría de los medios de comunicación y por el Gobierno de Alan García, han encontrado eco en la Iglesia católica, que acaba de pronunciarse sobre el contencioso indígena denunciando “cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros”.
En un mensaje hecho público a principios de este mes, los nueve pastores de las comunidades católicas de la región recuerdan que acontecimientos como el que se está viviendo en la Amazonía peruana ponen de manifiesto “la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener en su propio país el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos”. Y advierten de que esta desprotección “les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos”.
Pero a los indígenas no sólo les preocupa la posibilidad de ser desalojados de las tierras de sus antepasados para cederlas a la gran explotación maderera, de gas y de petróleo, sino también la gran contaminación que dichas actividades extractivas acarrean para el entorno amazónico, una “región rica en culturas milenarias y en biodiversidad” y, por tanto, “fuente de vida y esperanza para la humanidad…, uno de los mejores regalos de Dios”, reconocen los prelados.
Pero “para nadie es desconocida -añaden- la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control”. Así las cosas, haciendo suyas las palabras del Documento de Aparecida, llaman a que, “en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad”.
Bloqueo del río Napo
Mientras tanto, desesperados por hacerse escuchar y frente al silencio ante sus peticiones de diálogo, los nativos procedieron a bloquear con sogas y canoas el rio Napo, afluente del Amazonas, para impedir el paso de las maquinarias de la petrolera francesa Perenco. Acción a la que el Gobierno respondió enviando un buque de guerra al río para forzar el desbloqueo del paso. Cabe decir que no se había visto un barco de la Armada surcando las aguas amazónicas desde 1932, fecha del último conflicto limítrofe entre Colombia y Perú.
El padre Roberto Carrasco, representante del Vicariato de San José del Amazonas, en Loreto, calificó el hecho de “asalto” y expresó su indignación por la manera en que la Marina rompió la barrera levantada por los nativos en Copal Urco. El religioso insistió en que los habitantes del lugar protestaron de forma pacífica y, a diferencia del Gobierno, tienen voluntad de dialogar sobre su solicitud de derogatoria de los decretos legislativos que facilitan la subasta de amplias zonas de la Amazonía. “¿De cuándo acá a un grupo de 100 ó 200 indígenas se les ha tratado así?”, se preguntó el P. Carrasco. Y añadió: “Los indígenas quieren que el Gobierno los escuche. Lamentablemente, deben recurrir a estos bloqueos pacíficos. Sólo demandan respeto, que se les considere. Nuestros hermanos quieren ser parte de su desarrollo”.
Y no piden otra cosa tampoco los obispos amazónicos, que invocan “al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales” y llaman “a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común”. Asimismo, consideran necesaria “una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado”.
En el nº 2.660 de Vida Nueva.
