Tras dejar crecer la polémica, el PSOE anuncia que no apoyará la proposición no de ley presentada por IU-ICV
(José Lorenzo) Con la lógica consiguiente de quien afirma que “la jerarquía eclesiástica es de lo peor que existe”, el representante en el Congreso de los Diputados de la formación Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, apoyado por su socio de coalición, Gaspar Llamazares, de IU, decidió presentar ante la Mesa del Congreso una iniciativa no de ley para reprobar a Benedicto XVI por las declaraciones que los medios de comunicación recogieron, a propósito del tema de los preservativos y el sida, en el vuelo que le llevaba a su primer viaje pastoral a África, en marzo pasado.
Si bien es cierto que la iniciativa no era original (la interpretación apresurada de aquellas palabras originó un texto de repulsa del Parlamento belga en abril), sí resulta un tanto pintoresca, porque se produce semanas después de aquélla y coincidiendo con el mes en que España bate su récord histórico de parados. Sin duda, se trata de una cuestión de prioridades para los representantes de los 969.871 votantes de ambas formaciones políticas.
Más allá de la no menos rocambolesca manera en que dicha iniciativa fue admitida a trámite por la Mesa el 29 de abril (con dos votos positivos de diputados del PP), el caso es que ésta ha generado una honda preocupación en el Vaticano y malestar en la Conferencia Episcopal Española (CEE). Además, constituye buena munición que se volverá a aprovechar para abordar próximamente, como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, el debate sobre la libertad religiosa en España.
En la Santa Sede, los hilos se movieron al máximo nivel para tratar de poner un poco de sentido común en una iniciativa que, no por injusta, dejaría de tener un amplio eco internacional de ser aprobada, sobre todo en Latinoamérica. Y así, el embajador de España cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, además de transmitir telefónicamente al presidente del Congreso, José Bono, su preocupación, mostró con claridad meridiana su opinión personal al diario ABC: “Se está generando un debate sobre algo que el Papa no dijo. Se ha tergiversado la intencionalidad de las palabras del Papa”.
También el presidente de la CEE, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, descolgó el teléfono para manifestarle a Bono el disgusto de la Iglesia española. “Las instituciones deben hacer lo que marca la ley, por encima de cualquier convicción religiosa o convicción política”, declaró posteriormente el político católico. El mismo “respeto absoluto” al trámite parlamentario mostró el Gobierno a través de De la Vega.
Unos días después de dejar que la polémica se fuese cociendo en su jugo, y con ella la imagen del Papa, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, aplicó un poco del bálsamo prescrito durante la reciente entrevista entre el secretario de Estado, Bertone, y el presidente Zapatero, y señaló que su partido no apoyaría la iniciativa porque “no es posible reprobar en sede parlamentaria a un jefe de Estado”. Eso sí, dejó muy claro su rechazo a las palabras que atribuyen al Papa.
Un poso amargo
La postura del PSOE y del PP, también contraria, parece asegurar que el Parlamento no reprobará dentro de tres semanas, cuando se debata, al líder espiritual de la mayoría de sus representados. Pero el poso que deja es muy amargo, como reflejan las reacciones del Episcopado. Una de las primeras partió del cardenal de Sevilla. Carlos Amigo afirmó que los que quieren “tirar de las orejas” al Papa “no se han enterado” del significado de sus declaraciones y forman parte de una “nueva inquisición fundamentalmente laica, agnóstica y malhumorada”.
Desde el policlínico Gemelli, aún convaleciente, el cardenal Cañizares criticó esa iniciativa contra “un hombre bueno y justo, máximo defensor del hombre, de su dignidad y sus derechos fundamentales, promotor como pocos de la cultura de la paz y de la civilización del amor, a favor de todos los hombres sin discriminación alguna”, y cree que “constituye una ofensa a España misma, siempre cercana al Papa y querida por él, y entraña un daño grave a las instituciones”.
Estas reacciones llegan en un momento de cerrada adhesión a Benedicto XVI, como mostró la CEE en la carta enviada en febrero, ante las críticas vertidas al Papa a raíz del tema de los lefebvristas y el “caso Williamson”. De no salir rechazada la iniciativa, incluso podría ser que en la Permanente de junio la CEE hiciese pública una nota de protesta. Y, de nuevo, volverían a enturbiarse unas relaciones que siguen siendo demasiado tensas.
En el nº 2.659 de Vida Nueva.
