El arzobispo de Durango y varios sacerdotes de otras diócesis son víctimas de la violencia que sufre el país
(Pablo Romo Cedano– México DF) El viernes 17 de abril, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, manifestó en público lo que todos saben: el gran capo de la droga mexicana, el famoso Joaquín El Chapo Guzmán, vive en su diócesis. “Más adelante de Guanasevi, por ahí vive ‘El Chapo’, todos lo sabemos, menos la autoridad”, desveló el prelado. Hoy, es llamado por la policía a declarar y ha sido amenazado.
El legendario capo del narco, implicado en el tiroteo que le costó la vida al cardenal Posadas, el mismo que escapó en el camión de lavandería de la cárcel de máxima seguridad a los pocos días de haber asumido la presidencia Vicente Fox, y el que hace unos días apareció en la lista de los millonarios más ricos del mundo según la revista Forbes, ha sido denunciado por el arzobispo de Durango, en un hecho insólito que puede traer consecuencias importantes para la Iglesia de esa diócesis.
Ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) le ha llamado a declarar, para que pueda ubicar al delincuente, porque “está obligado a aportar a la PGR toda la información que tenga”, recordó el vocero y director general de comunicación de este organismo, Ricardo Gutiérrez Nájera.
Hace unos meses, la prestigiosa revista Proceso no sólo dio cuenta del lugar donde vive ‘El Chapo’, en la diócesis de Durango, sino que publicó fotos de la boda religiosa del criminal. Supuestamente protegido por las autoridades federales, contrajo matrimonio religioso con una joven lugareña en condiciones extrañas en un gran rancho cerca de Guanasavi, y, según señala la crónica, después de la ceremonia y la fiesta, los invitados salieron en helicópteros y avionetas que les aguardaban.
En los últimos meses, muchos sacerdotes han sufrido amenazas y comparten con la población la tensión por la violencia en varias partes del país. Hace apenas unas semanas, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías fue liberado tras haber sido secuestrado por un grupo de sicarios en los límites de Michoacán y Guanajuato. El director de la Casa del Migrante de Tenosique (Tabasco), fray Blas Álvarado Jiménez, recibe amenazas desde hace meses por parte de Los Zetas, un grupo de militares convertidos ahora en delincuentes, que controlan la ruta del tren y cobran derecho de peaje. Recientemente, en Cuauhtémoc (Chihuahua) y en Batopilas (Sinaloa), dos sacerdotes han tenido que ser removidos de sus parroquias tras recibir amenazas de muerte. El padre Juan Loera Pineda, párroco de Ejutla de Crespo (Oaxaca), recibió una paliza que le dejó inconsciente por haberse pronunciado en una homilía contra el narcotráfico local.
Y es que los sacerdotes y religiosas “saben demasiado”. La gente que es obligada a colaborar con el crimen organizado se confiesa con sus pastores, trata en confidencia esos temas con las religiosas, y las autoridades, frecuentemente coludidas, no hacen nada. “Alzar la voz contra la injusticia y el crimen es peligroso en estos tiempos”, afirma el obispo de Saltillo (Coahuila), Raúl Vera.
En el nº 2.657 de Vida Nueva.
