(Pablo Romo Cedano– México) El P. Miguel, en la iglesia de Candelaria, va colocando la ceniza en las cabezas de los penitentes que hacen una larga fila mientras repite una y otra vez “arrepiéntete y cree en el Evangelio”. Los rostros reflexivos muestran reconocimiento de las faltas y búsqueda de alternativas a las acciones que han herido al prójimo. Las palabras finales del P. Miguel siembran decisión en la iglesia repleta de fieles: “No podemos pasar indiferentes ante el que sufre y no podemos quedarnos callados cuando algún crimen se comete contra el vecino”; y agrega, exhortando con fuerza, “¡hay que denunciarlo!”. Las caras silenciosas se ven mutuamente y la bendición llega. “Podemos ir en paz”.
Mientras salen los parroquianos del templo, tratando de conservar la paz y la serenidad lograda, un convoy del Ejército regresa de un combate contra un grupo de sicarios. Es el pueblo de Ixtapaluca, en el Estado de México. Hace unas horas, el presidente municipal fue detenido, acusado de ser el jefe de una banda de secuestradores. Es la misma autoridad, ya no traficando influen- cias o dejándose corromper por los criminales, sino comandando el crimen organizado de la pequeña comunidad. Los vecinos sospechaban, pero denunciar la situación les hubiera costado, simplemente, la vida. Y la vida vale poco en muchos lugares del país desde hace años y, sobre todo, desde que la guerra “contra el crimen” se ha agudizado. El P. Miguel despide a sus fieles en la puerta y les susurra que tengan cuidado: “Son horas difíciles; es mejor regresar a casa directo”. En varias zonas de México hay situaciones de estado de sitio, donde es mejor no salir más allá de las 10 de la noche. Es peligroso a esas horas encontrarse con un policía o un maleante; no hay mucha diferencia.
Las cifras revelan el nivel de violencia. En 2005 fueron asesinados por el crimen organizado 1.500 personas. Un año después subieron a 2.700. En 2008, fueron cerca de 5.400. Y en los dos primeros meses del este 2009 ya se alcanzó la cifra de 1.113 personas asesinadas.
Tráfico de personas
“La violencia va en aumento y apenas empieza”, según Anthony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA en México, quien agrega en una reciente entrevista a un semanario mexicano: “Ninguno de los capos de los cárteles de la droga se considera realmente en riesgo ante las acciones del presidente Felipe Calderón porque tienen un amplio poder de corrupción que les brinda un tipo de inmunidad, digamos, garantizada”. En efecto, el crimen organizado no sólo trafica con droga, secuestra o extorsiona: también corrompe y penetra en prácticamente toda la estructura social del país, cometiendo crímenes de cualquier naturaleza. Según el asesor de la ONU, Eduardo Buscaglia, a los cárteles mexicanos sólo les falta, de los 24 delitos más graves tipificados a nivel mundial, uno, el tráfico de material radioactivo. “El tráfico de personas es uno de los crímenes más recurridos por estas bandas de criminales en México”, afirmó hace poco en una radio. Las cifras son alarmantes: cerca de 20.000 personas al año son víctimas de estas bandas al ser vendidas para la prostitución o la esclavitud. El secuestro y la extorsión asolan sectores enteros en varias poblaciones del país. En las últimas semanas, la situación se ha revelado mucho más compleja, tanto por el número de crímenes como por el nivel que ha alcanzado la corrupción. El 24 de febrero, Calderón pidió “redoblar esfuerzos para combatir al crimen organizado o el próximo presidente de la República será seguramente un narcotraficante”.
La Iglesia se ha pronunciado de múltiples formas contra la corrupción y el crimen organizado. Son numerosas las cartas pastorales exhortando a la conversión, al arrepentimiento de los criminales y a denunciar sus fechorías. Las conclusiones de la última Asamblea del Episcopado (CEM) piden a los creyentes a “no ser parte de las redes del delito”. Monseñor Raúl Vera López, OP, se pronunció hace unos días contra la corrupción que permea el sistema electoral y “pone en peligro el proceso democrático del país”. El mismo presidente de la CEM ha hecho, en múltiples ocasiones, llamados al cese de la violencia y a aplicar la ley para que prime la paz y se respete la seguridad de los ciudadanos. La Comisión de Justicia y Paz del Episcopado emitió recientemente un gran documento a favor de los derechos humanos que establece la urgencia de aplicar la ley y acabar con la impunidad, sobre todo de las autoridades que abusan de su poder. Por su parte, algunos pastores de la propia Iglesia han sufrido en carne propia los crímenes de las bandas. Muchos han sido víctimas de extorsión y amenazas y, en ocasiones, hostigamientos a ellos o a sus familiares, como el caso del secuestro y homicidio de la adolescente Karina Reyes, sobrina del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes.
No es fácil llevar a la práctica este tipo de acciones que detengan a las redes del crimen, por más que los pastores exhorten a hacerlo, pues son cientos de miles las personas que en diferentes escalas participan de este proceso, desde el cultivo hasta la distribución. Por ejemplo, la corrupción y la tentación de poder y dinero han hecho que muchos miembros del Ejército cambien de bando y se dediquen a delinquir. La famosa banda criminal los ‘zetas’, ahora extendida a toda Centroamérica, fue fundada por elementos de las fuerzas de élite del Ejército mexicano con entrenamiento de los ejércitos de Israel y los Estados Unidos.
Corrupción generalizada
En el sexenio pasado hubo una deserción de casi 130.000 de un total de 280.000 soldados. El representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México ha reiterado que es indispensable sacar al Ejército de las tareas de combate al narcotráfico y formar una policía federal que tenga competencia para la investigación en el lavado de dinero. En los últimos meses, muchos obispos han coincidido con este posicionamiento. Pero los civiles no están exentos de corrupción. A principios de este año, seis de los altos mandos de la Policía Federal dedicados a la Inteligencia fueron detenidos por pertenecer al cártel de los hermanos Leyva. Espiaban desde la oficialidad a sus rivales en el crimen. Son cientos los detenidos que pertenecían a los cuerpos policiales en todo el país.
La violencia se da, en muchas ocasiones, por la disputa del control de las plazas y de las rutas de transporte de droga. Los cárteles no sólo venden droga, sino también mercancía pirata, controlan el secuestro de empresarios y personas ricas, promueven y controlan la prostitución y el comercio ilegal en general. Los grupos más importantes son cuatro: el de Sinaloa, el de Tijuana, el de Juárez y el del Golfo (los ‘zetas’). Sin embargo, existen otros cárteles menores en luchas por consolidar su fuerza y territorio, como son ‘los hermanos Leyva’, ‘El Milenio’ y ‘los Arriola’. Usualmente compran a los jefes locales de la Policía y operan con bastante impunidad. Las rutas del narcotráfico son muchas y variadas. Los medios más usados son tráileres con doble fondo, lanchas rápidas, submarinos y aviones pequeños. Paradójicamente, los aviones no son detectados por los radares de la Fuerza Aérea Mexicana. Las plazas más disputadas son las turísticas, como Acapulco o Cancún y, por supuesto, las fronterizas con EE.UU. De ahí que las diócesis de la frontera sean las más afectadas por la violencia, como Ciudad Juárez, Tamaulipas o Tijuana.
‘No basta observar’
¿Qué hacer ante la corrupción y la violencia? Las diócesis del país se han pronunciado en las últimas semanas al respecto. Por ejemplo, José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera-Oaxaca, y el obispo auxiliar, Óscar Campos Contreras, señalaron al iniciar la Cuaresma que ante “la división y enfrentamientos frecuentes, los rostros de la desintegración personal de muchos”, entre otros problemas sociales y personales, “no basta observar lo que pasa para que la situación mejore. Quedarnos sólo viendo cómo se va desintegrando nuestra sociedad o hacer algo juntos para levantarla comporta ponernos de acuerdo y caminar juntos; una elección que depende de nosotros y está en nuestras manos”. Caminar juntos es el desafío, sin embargo, cuando hablamos del crimen organizado no hablamos sólo de voluntad, sino de los sustratos que construyen el país, la economía y el manejo del poder.
Según las Naciones Unidas, la marihuana (162,4 millones de consumidores), la heroína (11,3 millones) y la cocaína (13,4 millones) siguen registrando millones de consumidores en el mundo. Hace cuatro años, cerca de 200 millones de personas en el mundo entre 15 y 64 años -el 5% de la población mundial- usó dogas ilícitas al menos una vez en los últimos doce meses; en los EE.UU., en 2007 fueron 35,7 millones de personas. Así, es evidente que mucha producción se haga por la demanda y no tanto por la oferta. En términos de cultivos ilícitos, el de la marihuana está difundido por todo el mundo. La producción de cannabis en México, según la ONU, fue de 7.400 toneladas, ocupando el primer lugar mundial y habiendo aumentado en más de un 65% con respecto a 2006. Se cultiva en pequeñas parcelas y no en grandes extensiones, lo que significa que miles y miles de campesinos participan en esta tarea primera de producción de droga. Con frecuencia, agentes de pastoral saben de la existencia de estas pequeñas parcelas y las denuncian con el párroco, y éste con el obispo, pero cuando el obispo acude a la autoridad, no siempre es “prudente” hacer la denuncia, pues la autoridad puede estar coludida con aquéllos que serán denunciados. En el caso de la parroquia de Ixtapaluca, ¿cómo acudir a la autoridad si es ella la cabeza del delito? Los creyentes aún recuerdan el impune crimen del cardenal Posadas, presuntamente confundido entre bandas de nar- cotraficantes. Muchos mueren por “saber demasiado”.
Se estima que el mercado de la droga en América del Norte (Canadá, EE.UU. y México) está valorado entre 10 y 60 billones de dólares. Este dinero se lava en los paraísos fiscales y regresa a México en forma de ‘inversión extranjera’ muy favorecida por el Gobierno. Según la Oficina para el Control de Drogas de los EE.UU., los cárteles mexicanos obtienen cada año más de 13.800 millones de dólares por la venta de droga a su vecino. “Combatir esta violencia significa comprenderla en su totalidad, y no una parte de ella”, señala el analista Ernesto López, “es decir, a la vez que se combate en la calle, hay que hacerlo en los bancos y casas de cambio que lavan el dinero de la violencia, y no sólo acotar a los productores y transportistas, sino también a los consumidores y vendedores de armas, particularmente aquéllos que están en el norte”.
El círculo virtuoso para combatir la violencia significa, entonces, según los expertos, un combate contra la pobreza que orilla a cientos de miles a unirse a las redes del crimen.
Recojamos, para terminar, lo dicho por los obispos de Guerrero en una carta pastoral sobre el narcotráfico: “Saludamos a todos los fieles católicos y a todas las personas de buena voluntad, asegurándoles que la presencia del Señor Jesús es garantía de que todos los esfuerzos para construir la paz en medio de la violencia desatada por el crimen organizado no serán vanos: ‘Sean valientes, no teman, yo he vencido al mundo’. La esperanza que el Señor siembra en nuestros corazones es el motivo fundamental para no claudicar a esta tarea necesaria para edificar una sociedad más justa y fraterna donde resplandezca la Paz del Señor”.
En el nº 2.653 de Vida Nueva.
