José María Díaz Moreno: “Sería necesaria una relectura de los Acuerdos”

Canonista

(F.J. Otero- Fotos: Luis Medina) El religioso jesuita José María Díaz Moreno, licenciado en Teología y Filosofía y doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, ha sido profesor de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado durante más de treinta años en el ICADE. Actualmente es Profesor Emérito de las Universidades Pontificias Comillas-Madrid y Salamanca. De 1966 a 1980 fue miembro de la Comisión de la Nunciatura que negoció con el Gobierno los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979. A los 30 años recién cumplidos de vigencia de esos Acuerdos, el profesor Díaz Moreno valora su actualidad y cree que sería absurdo derogarlos. A lo más, debería hacerse una relectura de ellos teniendo en cuenta los años transcurridos. Con sentido común, defiende que el Estado y la Iglesia deben ponerse de acuerdo, en vez de combatirse, para servir mejor a las personas que son, a la vez, miembros de la Iglesia y del Estado.

¿Cómo recuerda la elaboración de los Acuerdos?

Recuerdo que hubo dificultades, sobre todo, a la hora de decidir si se optaba por un Concordato tradicional o por otro tipo de fórmula jurídica. Pareció mejor, y con más proyección de futuro, que en vez de un Concordato se elaborasen unos Acuerdos parciales sobre determinadas materias. No fue siempre fácil, ya que carecíamos de un modelo que nos sirviese de inspiración. En ese sentido, fuimos pioneros.

Y optaron por los Acuerdos.

Sí, por eso hay que dejar claro que no son lo mismo que un Concordato.

¿Qué diferencia hay?

Te pongo el ejemplo de la financiación de la Iglesia. Con los Acuerdos, el cambio reciente en esta materia se ha hecho modificando artículos del Acuerdo sobre Asuntos Económicos. Si fuese un Concordato, habría que tener en cuenta todo el edificio jurídico.

¿Por qué se decidió derogar el Concordato de 1953?

Creo que, en los años sesenta, el Concordato de 1953 era un cadáver jurídico que nadie se atrevía a enterrar. Este Concordato, o nació muerto, o, al menos, herido de muerte. Era un texto jurídico válido sólo si la Iglesia y el Estado no entraban en conflicto, y hasta es muy posible que no se acomodase ya a la realidad ni de  la Iglesia, ni de la sociedad española de 1953.  Fueron otros elementos y motivaciones los que están en su origen y en su contenido. Desde luego en los años sesenta era un cadáver.

¿Por qué?

Las relaciones Iglesia-Estado en España se deterioraron mucho en el último decenio del Franquismo, a pesar de ser España un Estado confesional católico y tener un Concordato que todo el mundo calificó como modélico. Sobre el deterioro de las relaciones baste recordar tres hechos: 1º) La carta que escribe Pablo VI a Franco, en 1968, pidiéndole que renunciase al privilegio de presentación para el nombramiento de obispos y la hábil negativa de Franco. 2º) Los documentos de la Conferencia Episcopal Española, en 1966 y 1973, sobre las relaciones Iglesia-Estado y el propósito de renunciar a los privilegios concedidos por el Estado. 3º) La práctica imposibilidad de proceder al nombramiento de obispos, porque no se llegaba a un acuerdo en los candidatos. Hay un momento en que son 20 las diócesis que no tienen obispo. Se trata de un hecho verdaderamente insólito.

El acierto del Rey

El ambiente estaba enrarecido entonces…

Hasta el punto de crearse la mal llamada “cárcel concordataria” de Zamora, exclusivamente para los sacerdotes condenados por delitos políticos. Todo esto explica que la Iglesia y la Nunciatura en España, previendo el final del Franquismo, mostraran un enorme interés en iniciar unas nuevas relaciones.

¿Qué es lo que más le llamó la atención del proceso?

La sorpresiva renuncia del rey Juan Carlos al privilegio de presentación de obispos, en julio de 1976. Lo hizo muy oportuna y hábilmente. Con esa decisión tiró la barrera de la interferencia del Estado en el nombramiento de obispos, que ya venía muy de lejos, y que era el principal obstáculo para un nuevo Acuerdo.

¿Fue complicado pasar de un Estado confesional a uno aconfesional?

Personalmente nunca acabé de entender qué es eso de Estado confesional y, sobre todo, nunca me convencieron los argumentos en que se apoyaba esa doctrina. Mis alumnos recordarán mis críticas a los mismos, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Yo creo que el abandono de la confesionalidad católica del Estado fue uno de los grandes avances. Pero quiero precisar que el Estado no confesional no es sinónimo de pasar de un Estado confesional católico a un Estado confesional laicista. Si lo primero no lo entiendo, lo segundo me parece aberrante. El Estado de derecho, lo que debe hacer, es reconocer y proteger las libertades fundamentales de la persona, entre las cuales está la libertad religiosa, sin discriminaciones. El rea- lismo político le deberá llevar a reconocer y tener en cuenta el peso histórico y cultural del catolicismo y a mantener relaciones especiales con la Iglesia católica. Este hecho no niega, ni entorpece el reconocimiento y protección de los derechos de otras confesiones religiosas.

¿Debe entonces el hecho religioso estar presente en la sociedad?

Creo que es un error y una contradicción intentar recluir la libertad religiosa al ámbito íntimo de la conciencia. Al menos, el cristianismo no es así. La fe cristiana tiene una esencial y necesaria dimensión social, perfectamente encajable en un ámbito de libertad religiosa. Precisamente, los grandes conflictos entre la Iglesia y el poder político se han planteado no por determinados dogmas de la fe cristiana, sino por sus repercusiones sociales. Los cristianos no han sido perseguidos por defender el dogma de la Trinidad o de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, sino por las consecuencias sociales de esos dogmas, desde la concesión del matrimonio a los esclavos en el primitivo cristianismo, hasta las denuncias de las injusticias sociales hoy día.

¿En qué se traduciría, hoy, esa realidad entre nosotros?

Me fijo sólo en una cuestión de máxima actualidad. ¿Es justo impedir, de la manera que sea, que un determinado grupo de políticos católicos, dentro del máximo respeto a las normas democráticas y sin imponer nada a nadie, pueda crear un grupo de presión, en el buen sentido de la palabra, para que no salga adelante una ley de plazos en materia de aborto? ¿Es antidemocrático defender que la vida humana debe ser respetada y protegida desde su comienzo? Si se lee determinada prensa, da la impresión de que los católicos se sitúan fuera de la democracia, si piensan y proceden según las exigencias de su fe.

¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto?

No sé si me equivoco, pero advierto un revanchismo soterrado que nos hace mucho daño. Dejarse llevar por el revanchismo no puede ser una norma de actuación. Es verdad que, durante demasiado tiempo, la libertad de expresión estuvo injustamente restringida. Pero, por revancha, pensar que hoy es lícito decir y escribir lo que cada uno quiera, sin respeto al derecho a la intimidad y a las opiniones y creencias de los demás, es absurdo e injusto.

Sin revanchismos

Entre los puntos conflictivos estaba la educación. ¿Hoy lo es también?

La Iglesia tiene derecho a tener sus centros educativos, y la religión católica debe formar parte de los programas educativos al nivel de otras asignaturas, siempre que no se imponga a quienes no quieran cursarla, sino que sea libremente elegida por los padres. Por otra parte, que los centros católicos tengan que seguir la doctrina de la Iglesia y que los profesores tengan que tener la aprobación de los responsables de la Iglesia, me parece una exigencia fundamental. Y lo que digo de la religión católica, en su justa medida y proporción, hay que aplicarlo a otras confesiones religiosas.

¿Habría que realizar modificaciones en este campo?

Leído sin prejuicios ni revanchismos, el Acuerdo sobre Educación es válido. A lo más, se podría pensar en alguna mejor formulación.

¿Se cumple este Acuerdo por parte de Autonomías?

En general, se cumple. Otra cosa es que, por ejemplo, ante la reducción de aulas concertadas, sean precisamente los colegios concertados católicos los que se ven obligados a esa reducción, como consecuencia de un sectarismo disimulado.

¿Reconoce entonces algunos conflictos?

Vuelvo a existir en el revanchismo. Como en el Franquismo se subvencionaba sólo a los centros católicos, ahora parece que deben subvencionarse todos menos esos.

En materia sanitaria, ¿debe el Estado subvencionar a los capellanes de los hospitales?

Hay que lograr que cada persona enferma pueda contar con los auxilios religiosos que solicite. Al ejercicio de ese derecho nadie debe oponerse. Ahora, mientras el porcentaje mayoritario de quienes piden esos auxilios y ayudas sean católicos, no creo injusto que el capellán católico esté subvencionado. Si el Estado es gestor del bien común, debe ofrecer las ayudas necesarias para lo religioso, como consecuencia del derecho a la libertad religiosa. Ni concede un privilegio, ni da una limosna.

También ha generado mucha polémica su presencia en los comités de ética.

El que, sin imponer su parecer, ni tener ningún derecho de veto, se exponga y escuche la doctrina de la Iglesia sobre la licitud moral de un tratamiento o de una operación quirúrgica, no conculca ningún derecho. ¿Por qué prohibir enton- ces que se exprese? Hay que distinguir entre proposición e imposición.

¿Tiene sentido la presencia de capellanes en las Fuerzas Armadas?

De las declaraciones del nuevo Arzobispo castrense se deduce que no existe ninguna dificultad en este campo, una vez que los sacerdotes perdieron la cualificación de jefes militares y a nadie se obliga a participar en los actos de culto católico. En todo caso, me gustaría resaltar que la presencia de los capellanes de las tropas españolas desplazadas fuera de España es ejemplar.

¿Qué opina sobre el matrimonio en los Acuerdos?

Yo siempre he sido partidario de separar el matrimonio canónico del civil. Hoy, tras las últimas reformas del Código Civil en materia matrimonial, el vínculo jurídico entre el matrimonio canónico y el civil carece de sentido.

¿Cree usted que los Acuerdos son revisables?

Sería una injusta miopía no reconocer todo lo positivo que han aportado estos Acuerdos. Basta pensar en el centenar largo de Acuerdos menores, entre las Autonomías y los respectivos obispos diocesanos, que se apoyan y son concreción de estos Acuerdos. Pero, como todo lo humano, no son perfectos y, además, en cada Acuerdo hay una cláusula para su posible revisión. Pero creo que no es verdad, ni es exacto, afirmar que son anticonstitucionales y que hay que derogarlos.

Hay partidos que reclaman su derogación porque consideran que son una herencia del Franquismo…

Son idioteces. Los países que tienen Concordatos con la Santa Sede los tienen porque sus ciudadanos salen favorecidos, ya sea en materia de educación o beneficencia, y muchos de ellos, con recientes Acuerdos, son países donde los católicos son minoría.

¿Siguen siendo hoy necesarios estos Acuerdos?

Hoy son casi 60 los países que mantienen Concordatos con la Santa Sede. Basta echar una mirada a la espléndida monografía reciente de los profesores Santos Díez y Corral Salvador para convencerse de ello. El Estado y la Iglesia están al servicio de la persona y, en este servicio, deben, en vez de ignorarse o combatirse, ponerse de acuerdo para que se cumpla el derecho a la libertad religiosa.

El papel de los laicos

¿Qué cambio propondría?

A lo más, realizar, de común acuerdo, una relectura desde tres aspectos: la libertad religiosa, el significado del seglar cristiano y la igualdad de oportunidades. Al margen de la posible relectura, los Acuerdos siguen vigentes y son la mejor articulación jurídica entre Iglesia y Estado.

¿Por qué destaca a los seglares?

Porque los Acuerdos aún tienen un tufillo clerical. Hay que realzar el papel de los laicos, sobre todo, en esta materia.

Si el Gobierno se decide a cambiar los Acuerdos, ¿qué recomendaría a los responsables de la Iglesia?

No soy nadie para recomendar nada. Sólo diría que no hay que tener miedo. La Iglesia sabe vivir sin apoyos legales civiles y hasta en declarada persecución. Pero sí pediría a los políticos que acaben con la demagogia de amenazar con denunciar los Acuerdos siempre que hay intervenciones de obispos que les molestan.

En el nº 2.647 de Vida Nueva.

Actualizado
06/02/2009
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