Uno de cada cinco españoles es pobre

Presentación del VI Informe Foessa

(José Carlos Rodríguez) Ana García (nombre ficticio) trabajó, a principios de los 90, durante año y medio en una conocida empresa de cocinas industriales. Recuerda muy bien que, como parte de sus funciones de secretaria, a menudo se la obligaba a redactar cartas de despido con una pequeña alteración: había que fecharlas siempre dos semanas antes del día en que se escribían. Así, cuando los jóvenes empleados con un contrato de seis meses la recibían apenas se percataban de la alteración y firmaban. A regañadientes, pero firmaban para recibir la liquidación y ese mismo día se marchaban. Cuando caían en la cuenta era demasiado tarde. La fecha ficticia protegía a la empresa de posibles molestas reclamaciones legales sobre la falta de un aviso escrito dos semanas antes.

Han pasado 25 años y, según dice Ana, muchos de aquellos jóvenes siguen en trabajos precarios o han engrosado las filas de los más de 11 millones de parados que hay en España. La empresa, por su parte, no ha dejado de prosperar y sus directivos gozan de cuentas con millones de euros. De ésta y otras parecidas formas, se ha desarrollado la economía en España durante este tiempo. “Es un modelo neoliberal que no ha creado y distribuido riqueza, sino pura especulación financiera”, asegura Fernando Vidal, coautor del VI Informe Foessa, presentado esta semana en Madrid, y cuyas más de 800 páginas elaboradas por 40 investigadores  radiografían al detalle la realidad de la pobreza y la exclusión en España.

La Fundación Foessa, es una alianza entre organizaciones que creen que ante las desigualdades en España hay que dar cuenta de la pobreza en nuestro país. Y es que lo mismo cuando se dice que “España va bien” o que “tenemos una economía sólida”, siempre hará falta alguien que grite que el rey está desnudo.

Foessa está formada por Cáritas Española, la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Pontificia de Salamanca y la HOAC. Desde 1965 ha rea- lizado diversos informes sociológicos y cinco informes sobre el cambio social en España. Muchos recuerdan el de 1994, un auténtico bombazo informativo que nos reveló que en España había 8 millones de pobres.

Precarización

El informe publicado esta semana dice prácticamente lo mismo. Pero en lugar de cifras absolutas lo afirma con porcentajes, y parece que éstos nos impresionan menos. Su conclusión más llamativa es que un 19,5% de la población española es pobre (es decir, uno de cada cinco españoles), y un 4% malvive en pobreza severa. Lo más chocante es que esto ocurre en un contexto de crecimiento económico, y, además, pone en cuestión la eficacia de las prestaciones sociales. Hasta el primer tercio de los años 90 hubo en España una reducción constante de la desigualdad y la pobreza, pero a partir de aquel momento esa tendencia se frenó. ¿Qué ha pasado?

Para entenderlo, empecemos por olvidarnos del crecimiento del PIB como indicador estrella. El primer capítulo lo pone en tela de juicio: “No basta con crecer. Si así fuera, Estados Unidos, con un PIB de 43.000 dólares, no tendría 36 millones de pobres”, afirma con contundencia. Y es que el desa- rrollo social sostenible no se mide sólo por cantidades de dinero, sino por la capacidad de las personas para decidir su futuro. Para ello necesitan también relaciones sociales, educación, participación política, vivienda digna y -sobre todo- empleo. “El trabajo, además de proporcionar ingresos, es el mecanismo de relación personal e inserción social por excelencia”, dice el informe, “y por más que aumente la producción, si un país excluye a una parte importante de sus ciudadanos de la posibilidad de trabajar, o de hacerlo con unas condiciones adecuadas, difícilmente podremos evaluar positivamente lo que ocurre”. No es que en España no se haya creado empleo, pero se ha abusado de los contratos temporales -que incrementan las posibilidades de caer en la pobreza- y se ha dado “un crecimiento muy moderado de los salarios”. Otros factores determinantes son las grandes desigualdades de unas comunidades autónomas a otras y unas políticas sociales que no protegen a todos, lo que explica -por ejemplo- que los grupos en mayor situación de exclusión tengan graves problemas de salud. 

Entre los grupos con mayor riesgo de pobreza, el informe destaca a las personas mayores, sobre todo a las mujeres de más de 65 años. “Es un grupo que se ha visto afectado por la incapacidad del sistema de prestaciones para acercar el crecimiento de sus rentas al de la media de la población”. Hay también un nuevo perfil de pobreza rural, hogares monoparentales sustentados por mujeres (que en España siguen cobrando menos que los hombres por los mismos trabajos), y -tal vez el aspecto más sangrante- una emergencia de pobreza infantil: uno de cada cuatro niños vive con rentas por debajo del umbral. Es una de las tasas más altas de la Unión Europea de los 25. También resulta novedosa la aparición de lo que el informe llama los ‘excluidos con dinero’ (un 10% de los hogares): personas con ingresos suficientes, pero con graves cargas de soledad, minusvalías y enfermedades crónicas.

Pero la mayor novedad en el patrón de pobreza en España corresponde a los inmigrantes. En España son unos 5 millones (el 11% de la población), de los cuales tres millones y medio son extracomunitarios. Los bajos salarios, los trabajos de menor cualificación, la necesidad de atender cargas familiares -tanto en el país de origen como en el de destino-, el hacinamiento en la vivienda y un acceso más limitado a muchos servicios sociales básicos hacen que su riesgo de exclusión sea mucho mayor, como lo demuestra el hecho de que la mitad de las personas sin hogar, un tercio de la población reclusa y la gran mayoría de las prostitutas sean inmigrantes.”Todas las reformas de las leyes en los últimos años se han basado sobre aumentar los deberes y disminuir los derechos de los inmigrantes, que tienen ante sí una carrera de obstáculos”, afirma el Informe, que describe los “dos cuchillos que cortan sus vínculos y abren las heridas de la exclusión: el desempleo y la irregularidad”. Esta última afecta a algo más de 700.000 extranjeros en nuestro país, que son los últimos de los últimos.

Endeudados por la casa

Otro de los aspectos analizados más en detalle por el Informe es la exclusión residencial en España. “La compra de una vivienda se ha convertido en una continua amenaza para las familias”, afirma sin tapujos. Un 45% de la población de los hogares españoles sufre algún tipo de deuda, sobre todo inmobiliaria, endeudamiento que ha crecido un 23% con respecto a 2007. En los hogares pobres, se destina más del 80% de los ingresos mensuales a la compra de una vivienda. “Se vive para pagar una casa”, afirma el Foessa. “Se está obligado a trabajar más tiempo y a que trabajen más personas para poder pagar su coste”, un esfuerzo que llega a límites insoportables porque “la posibilidad de compra depende de la financiación y de la evolución de los tipos de interés, que se están incrementando notablemente”. 

Esta presión económica está teniendo efectos muy dañinos: “fracaso escolar, natalidad, conflictos familiares, cuidado de los padres, etc”. El alquiler se está convirtiendo en una opción cada vez más necesaria, pero cada vez más cara y con mayores dificultades para poderla usar. La reducción de los programas de vivienda social ha contribuido a la disminución de alternativas residenciales que los grupos menos solventes tenían.

A pesar de todo, hay quien se beneficia de situaciones como éstas que ahogan a muchos hogares españoles. La suerte sonrió a Juan José hace dos años cuando el paro llamó a la puerta de una familia de Málaga hipotecada hasta las cejas y que tuvo que tirar la toalla tras 15 años de sacrificios económicos. El banco que había concedido el préstamo se quedó con la casa, vendida por sólo 30.000 euros a Juan José, amigo íntimo del director de la entidad bancaria. El nuevo comprador la vendió al año siguiente por ocho veces más. De nuevo la creación de riqueza por medio de la especulación. El tener información privilegiada y buenos contactos engorda más bolsillos que el trabajo duro de años.

Pero si a los pudientes les protege su dinero y sus poderosas amistades, ¿qué protección social tienen los que están en mayor riesgo de exclusión? Esta puede ser muy relativa, dado que el mercado de trabajo es el principal criterio sobre el que se organiza esta protección, lo que hace que, por ejemplo, las pensiones contributivas siempre sean mayores que las asistenciales. Pero para el Informe Foessa está fallando también el modelo de intervención social, en el que el Estado de Bienestar tiende a retirarse a favor de otros agentes, como autonomías, mercado y Tercer Sector. El resultado es que “la mercantilización de las prestaciones y servicios produce nuevas formas de desigualdad social y bloquean las políticas de derechos sociales”. Unas políticas que, como concluye el Informe, habría que cambiar. No es una tarea fácil en los tiempos duros que en España y en el resto del mundo nos toca vivir y en los que los excluidos no dejan de aumentar.

Actualizado
31/10/2008
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