La CEE colaborará con Garzón ‘ateniéndose a la ley’

El juez pide el acceso a los archivos parroquiales y los obispos le recuerdan que “son públicos”

(J. Lorenzo) Ni cuál será la sede, en 2010, del Congreso Eucarístico Nacional, ni el dinero para la iluminación de la catedrales y otros templos. Los temas que centraron el interés durante la rueda de prensa de clausura de los trabajos de la Comisión Permanente de la CEE, el 26 de septiembre, tenían un cariz mucho más político. Así, la primera pregunta que se le formuló al secretario general del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, fue si los obispos habían estudiado en su reunión qué repuesta dar al requerimiento (en teoría ya el segundo) del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para permitir el acceso a los archivos parroquiales con la finalidad de elaborar una lista de desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra.

Y a bote pronto contestó: “Seguramente que responderemos cuando recibamos el requerimiento”. Y es que, en ese instante, aún cuando el texto oficial del mismo estaba colgado en la edición digital de un periódico, la CEE todavía no tenía conocimiento de él. Pero, dicho eso, el portavoz quiso reafirmar que “el ánimo de colaboración de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal con la Justicia es absoluto“. Aún habría de volver a repetir que la CEE “hará todo lo posible” para atender la petición judicial, aunque casi mostró la misma insistencia en que eso se haría “ateniéndose a la ley” porque “la CEE no puede actuar fuera de sus competencias”.

Además, añadió que los archivos parroquiales son de acceso público y que incluso la parte histórica está abierta para la consulta de especialistas.

En toda esta cuestión, la CEE siempre ha ido a rebufo de los medios de comunicación, primer canal por donde ha tenido siempre noticias de las intenciones del magistrado. Al primer requerimiento, dirigido a la Junta de Asuntos Jurídicos que preside el obispo de Salamanca, Carlos López, y en el que se pedía facilitar el acceso de la policía judicial a los citados archivos, ese órgano episcopal respondió señalando que no tenía competencias para ello. Ahora, al segundo, ya en poder también de esa misma Junta, se está estudiando formalmente su respuesta. 

También fue preguntado -nuevamente- sobre la Ley de la Memoria Histórica. Reconoció que no había habido un pronunciamiento oficial al respecto, pero remitió a la Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, de 2006, para, respetando la opción a que las familias de las víctimas de ambos bandos hagan todo lo necesario para que sus seres queridos tengan un enterramiento digno, pedir que esa ley “no ponga en peligro la reconciliación que en muy alto grado se había logrado en los últimos años” entre los españoles.

‘Ciudadanía sí, pero no así’

El otro gran tema de la rueda de prensa fue el de Educación para la Ciudadanía, asignatura que, según el portavoz episcopal, en los seminarios menores y colegios diocesanos en que se imparta, se hará “por imperativo legal”. Camino reiteró la doctrina episcopal sobre esta materia, es decir, de rechazo, no a la asignatura en sí, sino a los decretos, “contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia”, que la desarrollan. Sin embargo, deslizó una frase que no sonó a improvisada, “Ciudadanía sí, pero no así”, que parece obedecer al renovado empeño de alcanzar algún tipo de acuerdo con el Gobierno, opción defendida desde hace meses por los colegios católicos concertados.

En el nº 2.630 de Vida Nueva.

Actualizado
03/10/2008
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