Los obispos piden avanzar hacia la reconciliación, ante el riesgo de que aumente la violencia
(Ronald Grebe– La Paz) El presidente de Bolivia, Evo Morales, y los cinco prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, abandonan paulatinamente el escenario del diálogo para ingresar en el campo de la batalla por la aprobación del proyecto de Constitución Política oficialista y la reivindicación de las autonomías departamentales.
Tras los resultados del referéndum revocatorio del pasado 10 de agosto, donde logró el 67,41% de los votos por la continuidad de su mandato y 32,59% en contra, Evo Morales, envalentonado, advirtió que si el diálogo no se establece, impulsará la aprobación de su proyecto constitucional con ayuda de los movimientos sociales del campo y la ciudad unidos para garantizar la transformación profunda y la refundación del país.
Varios dirigentes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) ratificaron esa posición y anticiparon que pueden pedir a Morales la promulgación de un Decreto Supremo de convocatoria a referéndum de aprobación de la Carta Magna, e incluso han amenazado con realizar un cerco al Congreso Nacional para la aprobación de una Ley de convocatoria a esa consulta para el 7 de diciembre, hecho que ya se ha confirmado. El prefecto opositor de Pando, Leopoldo Fernández, avisó de que la aprobación de ese texto “puede provocar más división y enfrentamiento en el país”.
Después de una huelga de hambre y un bloqueo de caminos en los cinco departamentos opositores, los prefectos autonomistas anticiparon medidas “más contundentes” en su lucha por la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el reconocimiento de los estatutos autonómicos. Desde la toma de posesión de Evo Morales como presidente en enero del 2005 se han registrado 40 muertes por enfrentamientos de militares y policías con grupos sociales, que reclaman el cumplimiento de las promesas del Gobierno.
“No tengo ningún miedo a la participación de los organismos internacionales y países vecinos que quieran ser facilitadores, mediadores, porque tenemos la razón”, dijo el jefe de Estado, desafiando a sus opositores a un debate en el que “manden razones y no caprichos”.
“La determinación de convocar el referendo y una elección, mediante Decreto Supremo, es una lectura equivocada del referéndum revocatorio”, opina el analista político, Jorge Lazarte, asegurando que las decisiones del Gobierno nuevamente ponen en riesgo al país y su estructura política. Lo que corresponde, según el analista, es que el Gobierno actúe con grandeza y se ponga de acuerdo con la otra parte del país; lo contrario sería comenzar a transitar un camino que llevaría a la confrontación.
“Se debe caminar hacia la reconciliación del pueblo boliviano y atender los pedidos y necesidades de unos y de otros, teniendo en cuenta también lo que son mayorías y lo que son minorías”, señaló el arzobispo de La Paz, Edmundo Abastoflor, después de una reunión de líderes de diversas organizaciones religiosas con el presidente Evo Morales, a quien pidieron que promueva la reconciliación entre los bolivianos, ya que está creciendo una espiral de violencia que puede derivar en enfrentamientos.
Profundo dolor
A tiempo de ratificar la disposición de la Iglesia Católica para facilitar un diálogo entre el Gobierno y los cinco prefectos opositores, Abastoflor explicó que “tenemos que hacer lo posible para evitar esos aspectos que nos enfrentan y buscar, más bien, caminos de acercamiento y de comprensión”. “Estoy convencido de que muchas Iglesias oran por la unidad de Bolivia”, indicó Morales tras la reunión con líderes de las denominaciones religiosas acreditadas en el país.
Por su parte, el obispo de Cochabamba, Tito Solari, indicó que “hemos asistido con profundo dolor y mucha preocupación a muchos actos de violencia, que, aunque no hayan causado muertes físicas, sin embargo han atacado instituciones fundamentales de nuestra sociedad y han penetrado en nuestra conciencia”. El prelado aseguró que los ataques contra la policía y el magisterio, “usando la fuerza para corregir posibles fallas de estas instituciones” repercuten haciendo perder autoridad al país.
“El uso de la violencia contra las personas con discapacidad muestra asimismo una grave insensibilidad moral hacia los más débiles”, agregó. “Una vez más constatamos que la violencia no respeta a nadie, ni a los más indefensos”.
