La Iglesia de Ecuador advierte olvidos en la nueva Constitución

La Constituyente aprueba el proyecto de Carta Magna que deberá ratificarse en las urnas en septiembre

(José Luis Celada) La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) ha manifestado públicamente su desacuerdo con el proyecto de nueva Constitución aprobado el 24 de julio por la Asamblea Constituyente, y que deberá ser ratificado en referéndum por la ciudadanía el 28 de septiembre, y ha anunciado “una gran catequesis” para alertar a sus compatriotas sobre las “inconsecuencias” del texto respecto a “fundamentales enunciados, como el del aborto, la familia, la educación y la libertad religiosa”, según puede leerse en la nota hecha pública por la Secretaría de la CEE el 28 de julio.

“No vamos a hacer una campaña por el ‘no’”, ha aclarado el presidente del Episcopado y arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui, aunque ha advertido que “vamos a pedir a toda conciencia cristiana que tome nota de las incompatibilidades no negociables de esta Constitución con nuestra fe”. “No nos corresponde como Obispos asumir una actitud política. Nos corresponde, en cambio, iluminar las conciencias de los católicos con la doctrina del Evangelio para que tomen una decisión responsable y en conciencia, ante Dios y la sociedad”, subraya el citado pronunciamiento episcopal.

Tras reunirse en Asamblea Extraordinaria para conocer y estudiar la Carta Magna que se someterá al voto del pueblo, Arregui compareció en una rueda de prensa convocada en la localidad de Portoviejo en compañía del arzobispo emérito de esta archidiócesis, José Mario Ruiz Navas, y de los restantes miembros de la directiva de la CEE. Allí, el cabeza visible de la jerarquía católica ecuatoriana adelantó algunos de los puntos “no negociables” que recogerían los prelados en su posterior comunicado, “en el contexto del servicio a los valores humanos fundamentales”, sobre todo los que se refieren a “la dignidad de la persona y la defensa de los derechos que de tal dignidad se derivan”.

Así, tras reconocer que “el proyecto de Constitución ha recogido enunciados generosos acerca de la centralidad de la persona entre los fines de la sociedad, en la economía, la educación y la salud, con énfasis en la promoción de los pobres” (aunque se echa de menos la mención de “los procesos para la lucha contra la pobreza y la corrupción”), los obispos ecuatorianos pasan a enumerar los cuatros puntos que “exigen una actitud clara de parte de los creyentes y personas de buena voluntad”.

La nota episcopal recuerda, en primer lugar, que “la persona humana existe antes que el Estado”, es decir, “en una democracia real, el Estado está al servicio de la persona”, no al revés. De aquí su preocupación al descubrir que “el estatismo parece ser un hilo conductor de la nueva Constitución”, pues muchos de los derechos contemplados en ella “fluyen del Estado, violentando así la creatividad y responsabilidad de las personas y de la sociedad”.

Lamentan también los prelados que, en el proyecto de Carta Magna, “no se reconoce claramente el derecho a la vida desde la concepción”. Un “contexto ambiguo”, en el que, “sin mencionar el término ‘aborto’, deja la puerta abierta a la supresión de la nueva criatura”, como recordó el propio Arregui.

Un tercer punto denuncia que el texto propuesto por la Asamblea Constituyente “atenta en contra de la familia como célula fundamental de la sociedad y del bien común” y “desdibuja” esta institución cuando “rechaza la existencia de la ‘familia tipo’ para sustituirla con distintos ‘tipos de familia’”. En este sentido, el Episcopado aclara que “los derechos de las personas homosexuales se encuentran garantizados en la legislación común, en el marco de la no discriminación”, pero “una unión entre homosexuales no es familia”, matizó Arregui.

Finalmente, los obispos se detienen en la educación, donde “es más patente aún –dicen– el estatismo”. En su opinión, “el derecho de los progenitores y el reconocimiento de la libertad de enseñanza vienen contradichos cuando el Estado se arroga el derecho de determinar lo que se tiene que enseñar y lo que se tiene que ignorar”. Y añaden: “Aunque el Gobierno actual siga todavía ‘delegando’ a establecimientos particulares la facultad de educar, no hay ninguna garantía de futuro, cuando el Estado adquiere la facultad de regulación y control de todos los aspectos de la educación”.

Por todo ello, “ajenos a los pronunciamientos y a la propaganda de los diversos grupos políticos”, los miembros de la CEE invitan a que “cada ciudadano con derecho al voto profundice sobre estas y otras razones, implorando la sabiduría divina”, para actuar con responsabilidad en el referéndum de septiembre.

Actualizado
01/08/2008
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