Los pueblos indígenas brasileños, a la espera de una resolución crucial
(Juan M. Castelblanque) La población indígena de Brasil se enfrenta a un momento crucial en su historia. El próximo mes de agosto, el Supremo Tribunal Federal de Justicia decidirá si permanece o es anulada la homologación de Raposa Serra do Sol, es decir, si este territorio del estado de Roraima sigue perteneciendo o no a los pueblos indígenas. La sentencia que dicte el tribunal sentará un precedente para el resto de las comunidades indígenas del país.
Ante lo trascendente de la decisión, el Consejo Indígena de Roraima (CIR) ha puesto en marcha la campaña Anna Pata, Anna Yan (Nuestra tierra, nuestra madre, en lengua makuxí), en la que pide el apoyo de cuantas personas y entidades se sensibilicen. “La acción propone el envío de cartas al Supremo Tribunal Federal manifestando la preocupación por los acontecimientos y la esperanza de que el dictamen final sea conforme a los derechos recogidos en la Constitución brasileña y en el Derecho Internacional”, señala Luis Ventura, español miembro en Anna Pata, Anna Yan, que vivió cuatro años en Raposa Serra do Sol.
Dentro de esta campaña, dos líderes indígenas, Jacir José de Souza y Pierlângela Nascimento da Cunha, han viajado por Europa dando a conocer su situación. En España, fueron recibidos, el pasado 18 de junio, por la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega, por la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados y por el embajador brasileño en España, José Viegas Filho.
Raposa Serra do Sol es una zona de 1.678.000 hectáreas situada al norte de Brasil, en la frontera con Venezuela y Guyana. Un paisaje de campos, sabanas y sierras habitados desde tiempos inmemoriales por los pueblos indígenas Macuxí, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó, que actualmente cuentan con una población de casi 19.000 personas, distribuidas en cerca de 200 comunidades.
Este territorio ha sufrido, en los dos últimos siglos, tres grandes ocupaciones. La primera fue protagonizada por grandes familias terratenientes que ocuparon enormes espacios de tierra para la cría de ganado vacuno. Buscaban abastecer de carne los destacamentos militares y la ciudad de Manaus, situada a unos 1.000 kilómetros al sur. “Los ganaderos provocaron graves conflictos sociales con las comunidades indígenas, utilizándolos como mano de obra esclava, introduciendo la bebida alcohólica y llegando a marcar a fuego a los indios para determinar las comunidades que estaban bajo su jurisdicción”, describe Luis Ventura.
En la década de los 60 del pasado siglo, miles de hombres procedentes del nordeste del país, los garimpeiros, ocuparon las tierras de Roraima en busca de oro. Para su extracción utilizaron grandes cantidades de mercurio que eran lanzadas al agua, contaminando los ríos. En la década de los 90 llegan a Raposa Serra do Sol grandes empresarios agrícolas provenientes del sur de Brasil para plantar cereales, principalmente arroz, para la exportación.
Las comunidades indígenas comenzaron a organizarse en la década de los 70. Asambleas de líderes, tuxauas, se realizaban anualmente y fue creciendo un movimiento de reivindicación de sus derechos como pueblo. Este proceso de organización, existente también en el resto de Brasil y en muchos lugares de América Latina, consiguió colocar los derechos de los pueblos indígenas en la discusión de la Constituyente de 1987. La Constitución Federal de 1988, actualmente en vigor, reconoce en su artículo 231 que “son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por ellos con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”.
Durante años, fuertes grupos de presión han buscado impedir el reconocimiento de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol. El Gobierno del Estado de Roraima siempre consideró a las comunidades indígenas como un “obstáculo” para el desarrollo del Estado. A esta opinión se suman desde sectores del ejército brasileño hasta “los ganaderos y arroceros que defienden el potencial económico de Raposa Serra do Sol, siendo éste un motivo suficiente para cuestionar los derechos originarios de las comunidades indígenas”, indica Jacir. También los medios de comunicación, locales y nacionales, han presionado contra los derechos indígenas, “medios que pertenecen a grandes empresarios o incluso a diputados y senadores y transmiten sistemáticamente una imagen deformada y manipulada de la realidad”, denuncia Ventura.
Homologación costosa
No obstante, el Gobierno de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva homologó la tierra de Raposa Serra do Sol en 2005 y decretó un año de plazo para la salida de todos los ocupantes no indígenas del territorio. Se determinaron una serie de medidas económicas “compensatorias” para el Estado de Roraima, e indemnizaciones para todos los ocupantes que salían de la zona, y se decretó que los arroceros tendrían derecho a la cosecha ya plantada, pero que no podrían plantar nuevas cosechas.
Sin embargo, transcurridos tres años desde el decreto de Homologación, éste no se ha cumplido. Los arroceros no sólo se negaron a salir, sino que ampliaron sus tierras y fortalecieron sus alianzas, principalmente con senadores roraimenses y con sectores del ejército brasileño. El Consejo Indígena de Roraima acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Luis recuerda: “La Comisión, después de escuchar al Gobierno brasileño, le recomendó severamente que cumpliese el decreto de Homologación y que protegiese la vida y el patrimonio de las comunidades indígenas”.
En marzo pasado, el Gobierno Federal envió, por tercera vez, una fuerza policial para la retirada de los arroceros. Los otros ocupantes ya habían salido y recibido sus indemnizaciones. “Los arroceros crearon entonces un clima de tensión, violencia y afrenta al Estado de Derecho. Armaron a un centenar de hombres y mujeres y se acuartelaron. Derribaron dos puentes de acceso a Raposa Serra do Sol y afirmaron estar dispuestos a enfrentarse a la policía brasileña”, narra Luis Ventura.
El Supremo Tribunal Federal, ante la alarma creada y la presión del Gobierno de Roraima, acogió los argumentos presentados en una nueva acción popular y paralizó cualquier retirada de los ocupantes no indígenas. Afirma ahora también que el decreto de Homologación del presidente Lula podría tener fallos y dañar derechos particulares y del Estado de Roraima.
Una situación sumamente complicada no sólo para la población indígena de Raposa Serra do Sol, sino para todas las comunidades indígenas del país, que tendrá su respuesta en muy pocos días.
“Nosotros confiamos en la justicia”
Para la líder indígena Pierlângela Nascimento da Cunha, la invasión que está sufriendo su pueblo se encuentra “en el propio corazón de la tierra”. “Todo el mundo discute temas como el cambio climático, el calentamiento global o la problemática del agua, mientras nosotros vemos cómo todo eso está siendo destruido. Los pueblos indígenas vivimos de esa agua y tierra y por eso las defendemos”, afirma la líder indígena, quien añade que “al igual que los pueblos indígenas necesitan de la tierra, el mundo necesita de los pueblos indígenas, porque nosotros guardamos la tierra y el medioambiente, que es vida para todos, no sólo para nosotros”.
“Queremos nuestra tierra que es sagrada, la recibimos de nuestros antepasados y la queremos traspasar a nuestros hijos”, afirma Pierlângela, que reclama sus derechos “a pesar de la violencia recibida”. Para el líder indígena Jacir José de Souza no se puede dar una convivencia pacífica entre indígenas y arroceros, porque estos últimos “se han empleado siempre con muchísima violencia y armas. El último acto de violencia fue en mayo, cuando nos dispararon a quemarropa”. “A pesar de toda la violencia recibida, nunca reaccionamos con violencia. Confiamos en la justicia”, remata Pierlângela.
