La Iglesia de Guatemala, en defensa del campo

La Pastoral de la Tierra denuncia la política agraria y la falta de alimentos

(J. L. Celada) En Guatemala, “las políticas públicas agrarias implementadas por los gobiernos de la época de la paz siguen vulnerando derechos fundamentales de familias campesinas, entre ellos el derecho a la alimentación”. Lo denuncian los responsables de la Pastoral de la Tierra de los vicariatos del Petén e Izabal, las diócesis de las Verapaces, Escuintla, San Marcos, Quiché, Suchitepéquez-Retalhuleu, la arquidiócesis de Quetzaltenango-Totonicapán y la región del Ixcán.

Todos ellos se reunieronen asamblea extraordinaria “para analizar y conocer las presiones que las políticas públicas agrarias están generando en las comunidades que habitan cada una de estas regiones”, según da cuenta un comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG).

El texto, fechado el 18 de junio, desvela que la realidad diaria en estas demarcaciones eclesiásticas pone de manifiesto que “la institucionalidad existente, creada para resolver los grandes problemas que afectan a mujeres y hombres pobres, es débil y carece de herramientas para abordar o resolver la conflictividad agraria”. Por todo ello, desde la Pastoral de la Tierra, se recuerda la plena vigencia dos décadas después de la carta de la CEG El clamor por la tierra.

En la zona occidental del país (San Marcos, Quetzaltenango y Quiché), casi la mitad de los ingresos, destinados en su mayoría a la alimentación, se obtienen gracias a los cultivos. Sin embargo, el 74% de las propiedades agrarias familiares son objeto de conflicto con el Estado, que, “con sus prácticas o falta de atención”, ha generado “incertidumbre” en esa importante fuente de ingresos para alimentarse. Esta problemática se agrava especialmente en el norte, con “el impacto social provocado por la implementación de los agronegocios, que han generado el desplazamiento de 2.182 familias de 27 comunidades; dando origen a nuevos conflictos agrarios y rurales, entre los que se encuentran ocupaciones en áreas protegidas”, lamentan desde la Iglesia.

Interés social

La Pastoral de la Tierra exhorta al Gobierno de Álvaro Colom a cambiar “la lógica de abordaje” en la resolución de los conflictos agrarios por la legalidad y el principio constitucional de que “el interés social prevalece sobre el interés particular”. Porque, mientras “la conflictividad agraria persista y se siga abordando desde una perspectiva que criminaliza la resistencia y lucha de las familias afectadas, el Estado será responsable por la violación al derecho a la alimentación”. De aquí que pida acuerdos vinculantes y soluciones integrales “al desarrollo, la tierra y la gobernabilidad del país”.

Actualizado
27/06/2008
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