“Los menores son tratados como extranjeros, no como niños”

Cáritas, CONFER y Justicia y Paz denuncian la Directiva sobre Retorno de los ‘sin papeles’

(V. Lara) Cáritas Española, el Área de Justicia y Solidaridad de CONFER y la Comisión General de Justicia y Paz de España han mostrado en un manifiesto su preocupación ante la posible aprobación -mañana 17 de junio- en el Parlamento Europeo, de la Directiva sobre Retorno de inmigrantes sin papeles. Las organizaciones creen que la normativa -que fue aprobada el pasado 5 de junio por los ministros de Interior de la UE- “supone una vulneración flagrante de la Convención de los Derechos del Niño” y que “los menores son tratados como extranjeros, no como niños”, ya que contempla la creación de centros de detención para menores extranjeros no acompañados.

Los denunciantes manifiestan que el texto “no responde al objetivo inicial planteado en septiembre de 2005, de dotar a la UE de un elemento integrador en la construcción de una política migratoria común”; que supone “una grave legitimación de la capacidad de los Estados Miembros” para limitar aún más los derechos de los “sin papeles”; y que contradice el espíritu del Tratado de Lisboa. Por estas razones, Cáritas y el resto de entidades instan a los miembros de la Eurocámara a que rechacen la Directiva y, de manera especial a los europarlamentarios españoles, a que velen “por la defensa de los valores y libertades fundamentales que constituyen la base y el espíritu del proyecto europeo”.

Tráfico de personas

Asimismo, estas organizaciones se unen a las denuncias de Cáritas Europa, la Conferencia de Iglesias Europeas, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea y la Comisión de las Iglesias Europeas para las Migraciones, que han remitido una carta al representante de la Comisión de Justicia, Libertad y Seguridad del Parlamento Europeo, Jacques Barrot, pidiendo que, antes de darle el visto bueno, se revisen algunos puntos de dicha propuesta que consideran “críticos”.

La Directiva -a falta de su aprobación en la Eurocámara el próximo 17 de junio-, prevé el internamiento de los inmigrantes irregulares hasta 18 meses o la detención de éstos por orden administrativa, así como la prohibición de entrada en el país de hasta cinco años, medida esta última que, según los denunciantes, “es probable que aumente la migración irregular y el tráfico de seres humanos”, pues “una prohibición general para los 27 Estados Miembros de la UE o de los Estados Partícipes en Schengen excluye toda posibilidad de que una persona pueda encontrar refugio”, señalan.

Por otra parte, las entidades consideran que la detención “es una sanción demasiado extrema para ser aplicada a personas que no han sido declaradas culpables por la comisión de un delito”. No obstante, las organizaciones firmantes reconocen en la carta “la dificultad de alcanzar un compromiso sobre un tema tan controvertido entre los Gobiernos de los 27 Estados miembros y los miembros del Parlamento Europeo”, a la vez que valoran algunas medidas introducidas en la última redacción del documento, como el acceso a asistencia jurídica gratuita de los detenidos.

Cáritas Europa y las otras tres organizaciones instan en el escrito a Jacques Barrot a “restringir más que ampliar el uso de la detención administrativa”, a “restringir la prohibición de entrada obligatoria a circunstancias excepcionales y prever los procedimientos para hacer frente a los desafíos legales que suponen estos actos administrativos” y a “mejorar el acceso al retorno voluntario, mediante la concesión para este fin de un mínimo de, al menos, 30 días, o del tiempo equivalente dado a las autoridades para hacer cumplir una orden de expulsión”. Si no se pudiera alcanzar un acuerdo, los denunciantes instan al Parlamento Europeo a no aprobar el presupuesto del Fondo Europeo de Retorno.

Actualizado
16/06/2008
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