Tras las crítica, entre ellas de la Iglesia, el presidente ha derogado la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia
(Andrés Cañizález– Caracas) Las declaraciones en un sentido y otro tuvieron pocas horas de diferencia. El viernes 6 de junio, varios integrantes de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se unieron a la lluvia de críticas, especialmente de las organizaciones defensoras de derechos humanos, contra la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia; un día después, y tras dos semanas de presiones desde diversos sectores, el presidente Hugo Chávez admitió que el instrumento debía revisarse, hasta el punto de que el martes 10 él mismo anunció su derogación
A juicio de Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una de las más respetadas organizaciones del país, esta decisión presidencial “es un primer triunfo”, pero alertó que la sociedad civil de Venezuela “no puede descuidarse”.
El arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, fue una de las voces críticas de la Iglesia que se pronunció sobre la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, promulgada por decreto presidencial el pasado 28 de mayo. Chávez tiene poderes “habilitantes” por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento), lo cual lo faculta para dictar decretos que tienen rango de ley en prácticamente cualquier ámbito de la vida nacional.
Para el cardenal Urosa, “es una Ley muy novedosa que no sabíamos que se estaba preparando, tiene una gran cantidad de artículos redactados de forma muy genérica y que preocupan muchísimo porque pareciera que van en contra de derechos fundamentales consagrados en la Constitución”. La obligatoriedad de colaboración con los organismos de seguridad del Estado fue uno de los aspectos más criticados por Urosa, pues, a su juicio, de aplicarse el instrumento tal como fue aprobado, “ni siquiera estaría a salvo el secreto de confesión”.
“No podemos transigir, porque hay un derecho que tienen los fieles a la privacidad, al secreto de lo que le dicen al confesor y no podemos convertir al confesor en delator”, advirtió el purpurado, una de las figuras más importantes de la Iglesia católica de Venezuela y objeto de agresiones y ataques diversos por parte de seguidores del presidente Chávez.
Las críticas de Urosa, fueron acompañadas por iguales pronunciamientos del presidente del Concilio Plenario de Venezuela, monseñor Ovidio Pérez Morales, así como del arzobispo de Mérida y ex presidente de la CEV, Baltazar Porras.
Por su parte, Marino Alvarado lamentó que entre los muchos pronunciamientos críticos contra la Ley no se escucharán las voces de protesta de entidades públicas como la Fiscalía General de la República o la Defensoría del Pueblo.
Reñida con la Constitución
La organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, nacida hace dos décadas con marcada inspiración cristiana, mientras tanto, también expresó su rechazo a la Ley. Resultó llamativa esta crítica, pues la organización mantiene un bajo perfil, con pocos cuestionamientos públicos de la gestión de Hugo Chávez. De acuerdo con la ONG, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia está reñida con los derechos consagrados en la Constitución de 1999.
En concreto, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, denunció la discrecionalidad de la Ley, pues establece la llamada “información estratégica”, pero no la define, lo que dejaría un enorme peso al funcionario que la aplique. El instrumento establece la “lealtad institucional”, que “deja por fuera el principio precedente y esencial de lealtad a la Constitución, a la República y a la familia”. En varios artículos, asimismo, no se definía claramente qué es inteligencia y qué es contrainteligencia.
La ONG criticó el artículo 16, porque, según el grupo defensor de derechos humanos, en él “se hace una interpretación del principio de corresponsabilidad que confunde la responsabilidad propia del Estado con la que debe asumir el ciudadano o ciudadana común, obligándolo u obligándola a participar en acciones no definidas y que pueden conllevar altos riesgos para dichas personas”.
Al igual que los prelados de la CEV, la Red de Apoyo reprochó que la Ley podría dejar sin efecto el secreto profesional cuando los organismos de seguridad lo requirieran.
