Los religiosos españoles secundan la lucha de varias ONG en este campo
(M. de Miguel) Las personas no están en venta. Stop a la trata ”. Más de 20 ONG, entre las que se encuentra la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), han unido sus fuerzas para crear la Red Española contra la Trata de Personas, plataforma desde la que, como reza el lema de una de sus últimas protestas, proteger los derechos fundamentales. El pasado día 22 protagonizaron un acto frente al Palacio de la Moncloa, con objeto de solicitar al Gobierno la adhesión al Convenio Europeo contra la Trata de Personas, firmado por 38 de los 47 países que forman el Consejo de Europa, y que entró en vigor el 1 de febrero.
La protesta, que contó con la intervención de la actriz y presentadora Mabel Lozano, directora del documental Voces contra la Trata –distinguido en el último Festival de Málaga–, pretendía que el Ejecutivo se uniera a este instrumento, concebido para atajar la grave violación que, según la Organización Internacional del Trabajo, afecta a 2,5 millones de personas, captadas mediante distintas formas de coacción, como abusos o engaños.
Pero también, a través de los carteles que portaron un grupo de activistas con ejemplos de los tipos de explotación que se están dando en España, se exigía, tras tres años de retraso, la elaboración de un Plan Nacional. La Guardia Civil, en su informe anual de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, cifra en 18.000 las personas víctimas de este tipo de esclavitud. A este dato hay que añadir el papel que juega el país debido a su posición estratégica, al ser considerado por Naciones Unidas como uno de los principales enclaves de tránsito y destino de trata en Europa.
El Gobierno mueve ficha
Parece que esta protesta ha sido providencial, pues, un día después, el 23, y tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que antes de fin de año se aprobará el Plan Nacional de Derechos Humanos, que contendrá un Plan Especial de Lucha contra la trata. Este proyecto, que está siendo ultimado por cinco departamentos ministeriales, pondrá en marcha medidas de mayor control e inspección, de prevención de prácticas de trata, ayudas y apoyo a las víctimas y concienciación social. Además, se ha autorizado la adhesión al Convenio Europeo, que, como subrayó la vicepresidenta, “busca la protección de las víctimas y la salvaguarda de sus derechos y libertades”, así como prevenir la existencia del fenómeno y “activar la persecución de los individuos y las redes que trafican con seres humanos”.
