Comparecencia de los prelados de Pará ante el Consejo de Defensa de los DD.HH. y la Comisión de la Amazonía
(Graziela Cruz– Brasil)Los tres obispos amenazados de muerte en el Estado de Pará, región amazónica al norte de Brasil (VN, nº 2.610), estuvieron en Brasilia, la capital federal, para confirmar las denuncias de violación de los derechos humanos en la zona. A principios de mayo, el español José Luis Azcona, prelado de Marajó; el italiano Flavio Giovenale, prelado de Abaetetuba; y el austriaco nacionalizado brasileño Erwin Kräutler, prelado de Xingu, acudieron al Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y participaron en una audiencia pública en la Comisión de la Amazonía de la Cámara de los Diputados.
En ambos escenarios, los obispos demandaron una mayor presencia del Estado para acabar con la violencia, una investigación rigurosa para descubrir el origen de las amenazas, castigo para los criminales y seguridad para los amenazados. “Somos más de 300 personas amenazadas de muerte en Pará, y sólo 100 tienen protección”, lamentó Azcona. Las amenazas son el resultado de sus denuncias sobre explotación sexual de niños y adolescentes, tráfico de mujeres, violencia agraria contra indígenas y pequeños campesinos, falta de asistencia en salud y educación públicas, devastación medioambiental, desmantelamiento de los bosques por madereros ilegales y narcotráfico.
Prostitución y narcotráfico
Ante los diputados, los tres prelados ratificaron estas denuncias, al tiempo que describieron la realidad de Pará. Azcona reiteró que en el archipiélago de Marajó hay una red de prostitución infantil y tráfico humano con la connivencia de autoridades, mientras que el titular de Abaetetuba, Flavio Giovenale, se refirió a la explotación sexual infantil y al narcotráfico como los mayores problemas del municipio. Con protección policial desde hace dos años, el obispo de Xingu y también presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Erwin Kräutler, por su parte, habló de la incomodidad de tener tres policías con él las 24 horas del día. En cuanto a sus críticas a la construcción de una factoría hidroeléctrica, volvió a denunciar que se trata de un “proyecto desde arriba hacia abajo”, llevado a cabo sin debates y sin informar a la comunidad.
Junto a los tres prelados, estaba el vicepresidente de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), Luiz Soares Vieira, arzobispo de Manaus (Amazonas), quien reafirmó el apoyo de este organismo a sus hermanos y recordó que “la Amazonía es considerada aún periferia de Brasil”, porque “si se hacen esas amenazas a los obispos –lamentó–, imaginen lo que pasa con nuestro pueblo”.
Según la presidenta de la Comisión de la Amazonía, la diputada Janete Capiberibe, la comparecencia pública de los obispos no quedará sin resultados. “Vamos a llevar un informe de esta audiencia al presidente Lula –afirmó– y pedirle que constituya un grupo de trabajo para buscar soluciones”.
VIOLENCIA E IMPUNIDAD
El terrateniente Vitalmiro Bastos de Moura, acusado de ser el instigador del asesinato de la religiosa estadounidense de 73 años Dorothy Stang, en febrero de 2005, fue absuelto en un segundo juicio, mientras que el responsable de los mortales disparos, Rayfran das Neves Sales, fue condenado a 28 años de prisión. Aunque en el primer juicio, en 2007, el terrateniente fue condenado a 30 años de cárcel, la confesión ahora de Rayfran, contradiciendo su anterior declaración y reconociéndose como único culpable, convierte a Vitalmiro en inocente.
El Ministerio Público de Pará ha apelado la sentencia, mostrando que el veredicto es incompatible con las pruebas y solicitando un nuevo juicio. Mientras, la CNBB manifestó que esta resolución “aumenta la preocupación por la vida de todos los amenazados de muerte en Pará, entre ellos los tres obispos”, y confía en que el Tribunal “recupere la justicia, erradicando la impunidad que motiva la violencia”. En una nota, los obispos de la CNBB Norte calificaron la absolución de Vitalmiro como “una vergüenza”, pues el pistolero Rayfran cambió su confesión por 100.000 reales. “El Estado y el poder judicial –concluye el texto– debe castigar a los responsables de este crimen, porque la impunidad estimula la continuidad de la violencia”.
Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organismo vinculado a la CNBB, en 40 años, más de 800 campesinos, líderes sindicales y trabajadores sin tierra, religiosos y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Pará. Casi todos los crímenes han sido cometidos por pistoleros instigados por terratenientes y empresarios madereros.
“En este período, sólo seis instigadores fueron juzgados y condenados por la justicia paraense, pero ninguno permanece en prisión”, lamenta Orlanda Rodrigues Alves, secretaria ejecutiva de la CNBB Norte.
