Se acaba de cumplir el décimo aniversario del asesinato de quien fue firme defensor de los derechos humanos
(Pablo Romo Cedano– México DF) “El sufrimiento de Cristo en su cuerpo místico es algo que nos debe hacer reflexionar. Es decir, si el pobre está fuera de nuestra vida, entonces quizás, Jesús está fuera de nuestra vida”. Lo había escrito Juan José Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Guatemala, el 10 de marzo de 1998.
Apenas un mes y medio después, el 26 de abril, el impulsor del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) Guatemala: Nunca más era asesinado a golpes en su casa parroquial a las 48 horas de que presentara el informe que documentaba los miles de homicidios perpetrados durante la guerra civil que asoló al país centroamericano a lo largo de más de tres décadas de su historia. Y es que, en muchas ocasiones, la memoria es peligrosa, y en Guatemala lo ha sido por mucho tiempo.
Ahora, también la memoria –en este ocasión, la que reivindican las víctimas y sus testimonios– ha hecho posible que el Arzobispado y el pueblo guatemalteco evoquen con una solemne Eucaristía en la catedral metropolitana, una marcha por la paz y un seminario internacional (Construyendo la paz desde la verdad) la figura de quien fue un firme defensor de los derechos humanos, pero también “un hombre de fe y de oración”, recordó el cardenal Rodolfo Quezada Toruño. En su homilía, el arzobispo de Guatemala reconoció que, “como Iglesia, como seguidores de Jesucristo, estamos dispuestos a perdonar, pero queremos saber a quién perdonar y de qué perdonar”, al tiempo que instó a las autoridades del país a esclarecer el asesinato del prelado, “una herida que todavía está abierta en la Iglesia guatemalteca”.
Militares acusados
Por el crimen de Juan José Gerardi, que a través del REMHI desveló más de 55.000 casos de violaciones de los derechos humanos –en su mayoría atribuidas al Ejército–, actualmente permanecen en prisión dos militares de alto rango; el tercero implicado en el mismo proceso fue asesinado misteriosamente, lo mismo que algunos otros testigos. También el sacerdote Mario Orantes, colaborador del auxiliar guatemalteco, cumple condena de 20 años por complicidad. A lo largo de esta última década, han sido varios los jueces que han renunciado al caso y han huido del país por miedo a que se hagan efectivas las constantes amenazas de muerte en su contra.
Gerardi fue durante dos períodos presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, obispo de Santa Cruz del Quiché y auxiliar de Guatemala, su ciudad natal. Estudió en Guatemala y posteriormente en el Notre Dame Seminary de Louisiana (Estados Unidos). De julio de 1980 a 1982, vivió en el exilio, huyendo de las constantes amenazas de muerte; no en vano, decenas de agentes de pastoral de su diócesis, sobre todo catequistas, fueron asesinados en aquella época. A él se debe también la fundación de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala en 1989, donde pudieron documentarse decenas de miles de homicidios perpetrados durante una guerra civil que se cobró más de 200.00 vidas.
Hoy, como se pudo comprobar días atrás, Guatemala le rinde culto en la catedral metropolitana como un santo de la Iglesia por su probado testimonio de fe y amor a los más necesitados.
OTROS AMENAZADOS
(J. L. C.)Hace un mes, la diócesis de San Marcos, en la Provincia Eclesiástica de Los Altos (Guatemala) emitía un comunicado denunciando las amenazas de muerte sufridas por su obispo, Álvaro Leonel Ramazzini, y otros agentes pastorales. En la nota, difundida por la agencia misionera de la Santa Sede, Fides, se relata que “una religiosa sufrió un acto de intimidación por parte de unos sujetos que le obstaculizaron el paso en un vehículo con el fin de hacerle llegar una amenaza de muerte al obispo”.
A este episodio se suman desde hace tiempo amenazas a otros miembros de la Iglesia, por lo que la diócesis expresa su “preocupación de cómo la vida humana, sobre todo de aquellos hombres y mujeres que luchan por la verdad, la paz y la justicia, es atentada por quienes defienden proyectos de muerte”.
Por todo ello, a la vez que manifiestan su solidaridad con el que fuera hasta hace unos meses presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y con cuantos agentes han sufrido intimidaciones, piden “a la comunidad internacional estar atenta a este caso” y exigen a las autoridades y a los cuerpos de seguridad del Estado que “velen por el cuidado y garanticen el respeto de la vida en Guatemala”.
