El presidente Evo Morales se reunió con el cardenal Terrazas para pedirle que facilite el encuentro
(Ronald Grebe-La Paz) La Iglesia católica de Bolivia trabaja en la apertura de un proceso de diálogo político después de que el cardenal Julio Terrazas aceptara facilitar esta iniciativa, a condición de que el Gobierno de Evo Morales y la oposición política y regional garanticen que cederán en sus posiciones radicales.
Después de dos años y dos meses de haber negado sistemáticamente la presencia de la Iglesia católica en escenarios de diálogo político, Morales visitó en Santa Cruz, al oriente del país, al cardenal Terrazas para pedirle que facilite el acercamiento entre el oficialismo y la oposición, especialmente con los prefectos de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz.
El secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y obispo de El Alto, Jesús Juárez, manifestó que “este diálogo no puede fracasar y por eso hemos hecho un fuerte llamado a crear un clima de apertura, renunciando a todas estas actitudes egoístas, visiones parciales o dejando de lado los rechazos, insultos y descalificaciones”. Juárez apuntó que el rol de la Iglesia es de facilitadora, “para trazar puentes, crear las condiciones, para que entre hermanos nos estrechemos la mano, despojemos nuestro corazón de todo lo que nos puede separar y pensemos en el bien del país”.
“Tengo conocimiento de que el cardenal le ha hecho una pregunta muy importante al presidente: Evo, si va a ser un proceso en serio va a participar la Iglesia, y si es un diálogo para distraer, para alargar, no vamos a participar”, comentó el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, aclarando que la Iglesia irá al diálogo “no para fracasar”. “Nosotros somos puentes, ése es nuestro trabajo, hacer puentes para que dialoguen, para que no se maten, para que hablen, para que construyan, para que realicen todas las cosas que está buscando nuestro pueblo”, dijo el propio cardenal Terrazas.
Condiciones regionales
Los líderes regionales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, por su parte, indicaron que, antes de ir al diálogo, el Gobierno debería pensar en la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recortado a sus presupuestos para encarar el pago de la llamada ‘Renta Dignidad’, para mayores de 60 años, y en revisar el texto de la nueva Constitución y los estatutos autonómicos de los cuatro departamentos. Mientras, el vicepresidente Álvaro García Linera suspendió sin fecha la plenaria del Congreso convocada para analizar la crisis y la posibilidad de diálogo, con el argumento de evitar que se entorpezcan las gestiones de Evo Morales.
Entre tanto, el director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, advirtió que “no es tiempo de conversaciones”, ratificando la celebración del referéndum por los Estatutos Autonómicos para el próximo 4 de mayo, y desafió al oficialismo a convocar a las consultas nacionales sobre la nueva Constitución para ese mismo día. Tarija, por su parte, inició el debate en detalle de sus estatutos autonómicos, y el prefecto Mario Cossío alertó que su departamento no detendrá las consultas por sus estatutos regionales, mientras que los prefectos Ernesto Suárez (Beni) y Leopoldo Fernández (Pando) se mostraron abiertos al diálogo con el Gobierno de Morales, pero alertaron que continuarán con sus procesos electorales. En cambio, la Corte Nacional Electoral anunció que no llevará adelante ambos procesos por observaciones al plazo de organización (60 días), y pidió al Congreso aprobar nuevas convocatorias para las consultas nacionales y las regionales sobre estatutos autonómicos.
La Iglesia católica, por otro lado, presentó en los últimos días el documento Orientaciones pastorales sobre el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) con 30 observaciones al documento impulsado por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Constituyente, mientras que este partido aclaró que tan sólo un acuerdo político puede dar vía libre para que el foro pueda reformar su propuesta, aprobada en diciembre de 2007.
Las críticas de la Iglesia están referidas, entre otros aspectos, “al proyecto de Constitución y los estatutos autonómicos, que recorren caminos enfrentados”, al tema de la libertad de conciencia y religión en las escuelas, a aspectos de la ciudadanía y el derecho político a ser elegidos, a la incidencia de la plurinacionalidad en la composición de la Asamblea Legislativa, a aspectos del laicismo, a la justicia ordinaria enfrentada con la justicia comunitaria y a “la excesiva concentración de poder en el Poder Ejecutivo, que puede ser fuente de autoritarismos”.
