La Iglesia peruana pide un mayor respeto para los indígenas de la selva y para sus tierras
(Luis Llontop S.-Lima) Más de medio centenar de participantes que representaban a seis vicariatos de la Amazonía, entre obispos, sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral indígenas, se reunieron en Lima el pasado mes de febrero en el Encuentro de Pastoral Indígena de la Amazonía Peruana, realizado en el contexto de una eventual aprobación de los proyectos de ley 690 y 840, por los que se propone entregar en venta las tierras que carecen de bosque o se hallan sin labrar para reforestarlas.
El encuentro tuvo como fin conocer la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, fortalecer un análisis global sobre esta realidad, reflexionar desde lo pastoral y señalar algunas orientaciones para la acción evangelizadora en la realidad indígena de la selva.
En un pronunciamiento emitido a finales de febrero, los obispos de la Amazonía recuerdan lo dicho por sus hermanos en Brasil, a propósito de la V Conferencia General de Aparecida: “En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas. La naturaleza ha sido y continúa siendo agredida. La tierra fue depredada. Las aguas están siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable por las empresas…” (Aparecida 2007, 84).
En su mensaje, los prelados recuerdan que “la Amazonía es la segunda región geopolítica más estratégica del mundo. En Perú, representa más del 60% del territorio nacional, colocando a la nación como uno de los ocho países megadiversos. Unida a esta diversidad biológica, existe milenariamente una gran diversidad cultural que exige un desarrollo con rostro humano; sin embargo, constatamos que grandes sectores de la población amazónica viven en condiciones de extrema pobreza y sin posibilidades de una vida digna. Es importante subrayar los compromisos y tratados internacionales que el Estado peruano ha suscrito en materia de derechos humanos, derechos indígenas, biodiversidad y medio ambiente. Se destaca el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros”.
Los obispos miran con enorme preocupación lo que acontece: “… los procesos de inversión privada en la selva; los proyectos de ley 840 (denominado ‘Ley de la Selva’), 1770, 1990 y 1992; las concesiones y adjudicaciones de las tierras y los bosques; la exploración y explotación minera y petrolera, porque pueden amenazar la supervivencia de los pueblos indígenas e incrementar los conflictos socio-ambientales en la Amazonía”.
Políticas de desarrollo
El encuentro sirvió para demandar la elaboración y ejecución de políticas de desarrollo nacional que involucren a la Amazonía. Más aún, que éstas tengan en cuenta el respeto a las culturas existentes, al medio ambiente y a los derechos humanos. En su opinión, el diseño de estas políticas debe considerar: la seguridad jurídica de los territorios indígenas, la relación de los pueblos indígenas con estos territorios, el respeto a sus instituciones y autoridades, el derecho de consulta, la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente.
Los obispos esperan “que las actuales políticas de desarrollo de la selva se replanteen desde un modelo alternativo integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamente en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos” (Aparecida 2007, 474c). Por ello piden al Estado promover una participación efectiva de los propios interesados en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo del país, en cumplimiento de las normas internacionales suscritas, que garanticen la vigencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Los obispos peruanos no se encuentran solos en sus reclamaciones. La Mesa de Interculturalidad y Pueblos Originarios del Congreso de la República, que preside la congresista María Sumire, también se ha pronunciado en contra de la eventual aprobación de los proyectos de ley 690 y 840, además de oponerse a la posibilidad de ampliar a 40.000 hectáreas la extensión de tierras susceptibles de ser adjudicadas, previa modificación de la Ley 28852 vigente que establece un máximo de 10.000 hectáreas. En este espacio de discusión también han llegado a la conclusión de que cualquier modificación del estatus actual debería contar con la opinión de los pobladores.
